El gobierno mexicano no sólo mintió cuando aseguró que fue él quien propuso llevar el caso de las mujeres de Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), sino además se ‘‘adelantó de manera sorpresiva’’ a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer pública esta decisión.

Este caso, que llega a la Coridh después de 10 años de impunidad en el país, podría representar la octava condena en contra del Estado mexicano, en el que 11 mujeres de San Salvador Atenco denunciaron tortura sexual y otras violaciones a los derechos humanos por elementos policiacos del estado de México y federales en mayo de 2006.

Stephanie Erin Brewer, abogada de las víctimas y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que fue ‘‘muy extraño’’ enterarse de la remisión del caso por parte del gobierno federal y no por la CIDH, como regularmente pasa en estos casos.

Pero además, aclaró que el Estado no sólo no pidió remitir el caso a la corte, sino ‘‘hizo todo lo posible por demorar, y más bien evitar que el expediente llegara a esa instancia’’, como tampoco ha habido medidas de reparación para las víctimas ni fondo ni acciones de ayuda, las cuales han sido rechazadas de manera reiterada.

‘‘Tampoco hay un diálogo, como dice el gobierno. Ese diálogo está roto por sus incumplimientos reiterados, por su falta de avance y ausencia en las muestras de voluntad para concluir de fondo; no está en curso ningún diálogo: lo que está en curso es un litigio’’, aclaró la directiva del Centro Prodh.

En conferencia de prensa a la que asistieron seis de las 11 mujeres denunciantes acompañadas por sus abogadas legales del Centro Prodh y del colectivo por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), se señaló que la llegada del caso a la Coridh es un logro histórico en la búsqueda de la verdad y la justicia, a la que a escala nacional fue imposible acceder.

Los abogadas Brewer y Marcia Aguiluz, de Cejil –conectada vía Internet desde Costa Rica–, explicaron que desde diciembre pasado la CIDH adoptó el informe de fondo que contiene sus conclusiones sobre el caso y que le dio razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, sicológica y sexual, falta al debido proceso y denegación de justicia, violaciones por las cuales el Estado mexicano deberá responder.

A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, no hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin tocar la cadena de mando y otras esferas y niveles de responsabilidades. En el tiempo que ocurrieron los hechos, el gobernador del estado de México era el hoy presidente Enrique Peña Nieto.

Y aunque la Coridh no impone responsabilidades penales individuales, en el informe de fondo se da cuenta de la responsabilidad de algunas personas en lo individual, y menciona la necesidad de indagar en dos planos la responsabilidad de quien fue el gobernador mexiquense. ‘‘El primero, en torno a la posible emisión de declaraciones que comprometieran la independencias y autonomía de las investigaciones, y en el segundo, por la ausencia de una indagatoria profunda sobre cadena de mando’’, explicó Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.