A los campesinos de los ejidos del municipio Jiménez, en Coahuila, se les redujo a 10 por ciento la operación de sus pozos, mientras las presas están a 80 por ciento de su capacidad, y desde hace al menos un año se busca convencerlos de vender sus tierras para dedicarlas al fracking (fracturación hidráulica). Residentes por generaciones de esas tierras temen que con el desarrollo de la extracción del gas shale (lutitas) del suelo no sólo sufran más escasez, sino la contaminación del recurso.

Este caso fue presentado en la novena audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, ante el cual ejidatarios de Palmira y Emiliano Zapata expusieron que la producción de forraje, maíz y frijol ha disminuido debido a la falta de líquido.

Los municipios se encuentran a menos de 10 kilómetros del río Bravo. Los expositores del caso, Francisco Castillo, Julio Mendoza y Deyanira Gómez, habitantes de esas localidades, mencionaron que se les ha negado que la fracturación hidráulica se vaya a realizar, pero hace unos meses, en una asamblea de información general en la que participaron representantes de la Procuraduría Agraria, se les conminó a vender sus tierras, con el argumento de que el fracking llevaría el desarrollo económico a la región.

Mendoza indicó que según información oficial en el municipio se buscaría perforar 8 mil pozos en 25 años. Recordó que en el plan quinquenal del sector energético se consideró que Coahuila disponía de 24 por ciento de las reservas de hidrocarburos.