l nuevo secretario de Hacienda ha tranquilizado a la nación. Declaró que tiene la convicción de que vamos bien
. No hace falta argumentar mucho para demostrar que vamos mal. Cada vez que los especialistas opinan sobre la marcha de la economía corrigen a la baja su previsión anterior. El FMI apenas ayer redujo su previsión de crecimiento para este año a 2.1 por ciento. El gobierno argumenta que todo se debe al desfavorable entorno externo que, además, se sigue deteriorando. Para ellos su responsabilidad es responderle al mercado, actuando precisamente como los grupos empresariales, porque eso es el mercado, esperaban.
Que el gobierno sea responsable frente al mercado no significa que lo sea frente a la mayoría de la población. En el presupuesto de 2017 Hacienda propone incrementar el superávit primario, lo que le permitiría reducir el endeudamiento neto y, en consecuencia, disminuir el cociente deuda pública a PIB. Es cierto que esto era lo que demandaban las agrupaciones empresariales, pero también es cierto que en momentos en los que se contraen nuestras exportaciones por el débil desempeño de la industria estadunidense, lo que hace falta es incrementar la demanda interna protegiendo a los que menos tienen.
Por ello es claro que el planteo presupuestal es socialmente irresponsable. En condiciones en las que la economía global se conduce en una ruta descrita como de estancamiento secular, donde la economía china ha adoptado un modelo de crecimiento centrado en el mercado interno y los países desarrollados siguen priorizando el control del déficit fiscal y de la deuda pública, lo que hace falta es aprovechar los espacios de los que se dispone para hacer una política económica que contrarreste el ciclo global.
Estos espacios son precisamente los que se han creado por la obstinación cerril por mantener el equilibrio fiscal; por haber limitado la acción gubernamental a lo que le permitían los ingresos derivados de las exportaciones. Aprovechando que las finanzas públicas están sanas y que la deuda pública como proporción del producto es cercana a 50 por ciento y con una composición externa/interna muy cómoda, se puede actuar protegiendo las condiciones de vida de la población en situación de pobreza. Esta protección se logra instrumentando programas universales en ciertas regiones del país, para evitar su uso clientelar, que expandirían el mercado interno. Al mismo tiempo la obra pública que atienda requerimeintos sociales relevantes debe no sólo mantenerse, sino ampliarse.
La decisión del Banco de México de elevar las tasas de referencia, justificada con el argumento de que había que detener una posible espiral inflacionaria, indudablemente afectará el crecimiento de la economía nacional. Lo hará porque incrementará el costo de la deuda interna, que se actualiza de inmediato en la siguiente emisión de Cetes, lo que implica recursos presupuestales adicionales. Lo hará, además, porque incrementa el costo del crédito y, en consecuencia, actúa contra su uso productivo.
Así las cosas, mientras que el gobierno ha comprometido una meta de crecimiento de 2.5 por ciento para 2017, los especialistas encuestados por el Banco de México, así como el FMI pronostican 2.3 por ciento. El problema no es que difieran. El asunto central es que son muy diferentes. El gobierno propone una meta que el Legislativo puede aprobar. Una meta que significa el compromiso gubernamental con la sociedad en realación con lo que debe ocurrir en la economía y que tiene implicaciones en la creación de empleos, en la demanda interna, etcétera. Los especialistas y el FMI pronostican con base en cierto modelo de comportamiento de la economía. La responsabilidad de los números de uno y otros en muy diferente. El gobierno tiene que actuar consistentemente para llegar a la meta o, si fuera posible, rebasarla. Esa es su responsabilidad. Los que pronostican tienen que explicar las razones por la que su estimación acertó o falló.
Es evidente que este gobierno confunde meta con pronóstico. Del mismo modo se equivoca al pensar que es responsable cuando hace lo que el mercado espera que haga. Su responsabilidad es con la población, no solamente con los empresarios. Por desgracia, tenemos que decirle al secretario de Hacienda con convicción compartida por la mayoría de los mexicanos: claro que no vamos bien: vamos mal y empeorando.