n los próximos meses se debatirán en la Legislatura local las reformas constitucionales y legales necesarias para el aterrizaje local del Sistema Nacional Anticorrupción. La primera observación necesaria es que sería muy lamentable que las comisiones legislativas trabajen en las penumbras de sus oficinas sin reconocer que el tema exige la máxima publicidad. La segunda es la obviedad de que ninguna ley para combatir la corrupción sirve si no se aplica. El problema se llama impunidad, que en México es de 99 por ciento de los delitos que se cometen. Para iniciar el proceso se requiere un compromiso expreso y renovado de todas las autoridades que aplicarán la ley.

Por otra parte, los representantes populares locales deben asumir en serio que las medidas punitivas para combatir la corrupción funcionarán siempre que tengan en cuenta el contexto institucional en que se aplican.

Es fundamental que no olviden que para combatir la corrupción se requiere que las instancias encargadas de investigar a los funcionarios involucrados sean autónomas y/o que se permita a los ciudadanos ejercer directamente la acción penal, como en otros países.

También se requiere incentivar la denuncia, de modo que ciudadanos anónimos puedan por ley obtener beneficios económicos si el Estado afecta el patrimonio de los funcionarios corruptos señalados. Una reforma a nuestro sistema legal que contribuiría de manera significativa a disminuir la impunidad de los delitos de corrupción consistiría en autorizar a los investigadores ministeriales, estatales y federales, el acceso a toda la base de datos depositados en instituciones públicas.

Pero también ayudaría mucho una sociedad civil atenta a los desfalcos que se cometen cotidianamente, que esté dispuesta a manifestar sin tregua su desprecio a los funcionarios corruptos. Esta sanción social es algo que valdría la pena considerar.