Un total de 55 testigos protegidos –ex militares o que pertenecieron a los cárteles de la droga mexicanos–, entre ellos los conocidos con los sobrenombres de Pitufo, Jennifer, Felipe, Moisés, Saúl y David, fueron dados de baja del Programa de Protección de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), porque ‘‘dejaron de prestar ayuda eficaz para la investigación de otros miembros de la delincuencia organizada y se convirtieron en poco fiables’’.

Lo anterior fue informado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a la juez federal Nadia Villanueva.

La institución entregó ayer el informe confidencial a la titular del juzgado primero de distrito en procesos penales federales de Toluca, documento al cual tuvo acceso La Jornada. Esos 55 testigos colaboradores fueron utilizados como prueba toral en los casos que la Seido llevó a los tribunales durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

El año pasado, el segundo tribunal unitario penal rechazó librar una orden de aprehensión contra José Antonio Cueto López, ex funcionario de la desaparecida Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, quien fue investigado desde que se implementó en la PGR la llamada Operación Limpieza, que llevó a prisión a ex subprocuradores y a fiscales de la citada subprocuraduría.

Informes de la propia PGR refieren que entre enero de 2013 y enero de 2015 la dependencia federal utilizó 37 millones 644 mil 686 pesos para manutención, vivienda, protección, beneficios procesales y un salario hasta de 50 mil pesos mensuales para el apoyo al programa.

El oficio marcado como PGR/UEIDCS/3721/2016, firmado por el agente del Ministerio Público Miguel Ángel López Lobato, refiere que los 55 testigos fueron dados de baja del programa por razones que van del hecho de que el testigo ya no tenía diligencias pendientes para comparecer en un proceso penal hasta la muerte del colaborador.

‘‘No se cuenta con elementos suficientes para que los referidos personajes sigan teniendo el carácter de testigos colaboradores’’, refiere el informe ministerial que recibió la juez Villanueva, titular del juzgado primero de distrito en procesos penales federales de Toluca, estado de México.

En noviembre pasado, la PGR dio a conocer que en lo que va de la presente administración federal había dado de baja 83.3 por ciento del total de los testigos colaboradores. En un comunicado, la dependencia precisó que en 2012 la Seido tenía 66, cifra que en 2013 bajó a 53, en 2014 a 40 y en 2015 a sólo 11.

El informe llegó a manos de la juez Villanueva porque dentro del proceso 35/2010, iniciado por delincuencia organizada contra Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, presunto operador de los hermanos Beltrán Leyva, su abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana solicitó que se requirieran dichas listas al juzgado.

Entre los testigos que fueron dados de baja está el mayor retirado del Ejército Mexicano Fernando Rivera Hernández, ex subjefe de Inteligencia de la Seido, quien tenía el nombre clave de Moisés y proporcionó información sobre la red de protección federal a los cárteles de Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, como parte de la fallida Operación Limpieza.

También fue dado de baja José Salvador Puga, Pitufo, ex miembro del crimen organizado, que declaró en expedientes y procesos contra supuestos miembros de Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana.

También está en esa lista Luis Ernesto Ramírez Vázquez, Guadalupe, quien declaró contra cómplices de los Arellano Félix.