La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó investigar a 42 funcionarios públicos del gobierno del estado de Morelos, así como a otro grupo de agentes del Ministerio Público, involucrados todos en las violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el caso de las dos fosas clandestinas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, donde fueron inhumados ilegalmente 119 cadáveres.

Aunque en la recomendación 48/206 emitida por este caso se solicita al fiscal general del estado ofrecer una ‘‘disculpa pública institucional’’ a las víctimas y sus familiares por estas violaciones, en ninguna de sus 148 cuartillas se infiere investigar al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, pese a que estuvo al tanto de los hechos desde el principio.

En conferencia en la que se presentó dicha recomendación dirigida al gobierno y la Fiscalía de Morelos, así como al ayuntamiento de Cuautla, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, citó una larga lista de acciones y omisiones cometidas por funcionarios y servidores públicos estatales, en las que se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, entre ellas el acceso a la justicia, en la modalidad de inadecuada procuración, y al derecho a la verdad.

Se señala que 119 cadáveres y diversas bolsas con restos humanos fueron inhumados irregularmente en dos fosas clandestinas, sin apego a los protocolos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran acciones para conocer las causas de muerte e identificación de los cuerpos, además de que fue violado el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos de sus seres queridos pues, a pesar de identificar los cuerpos y haber solicitado su entrega, fueron inhumados sin su consentimiento.

En la presentación, el visitador Guadarrama confirmó que junto con los 119 cadáveres, también fueron halladas 12 bolsas con diversas extremidades de cuerpos. ‘‘Queda la interrogante de a quién pertenecen los restos humanos que fueron localizados en bolsas y por los cuales se inició nueva carpeta de investigación, pues evidentemente esas extremidades son de algún cuerpo ajeno a los que se encontraban en ambas fosas de Tetelcingo, pues los cuerpos exhumados estaban completos’’.

También tendrá que investigarse lo sucedido con las otras partes de los cadáveres a los que pertenecían los restos hallados, pues hasta ahora ‘‘no hay una explicación lógica del porqué fueron inhumados separados de los cuerpos a los que pertenecían’’.

La CNDH confirmó diversos datos que ya había dado a conocer la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fue coadyuvante en la exhumación de los cuerpos, entre los cuales está que los 119 cuerpos sin vida fueron apilados en dos fosas de apenas 6x3 metros y 3.5 metros de profundidad, espacio que regularmente ocuparían tres cuerpos, ‘‘resultando así un trato poco digno a los cadáveres’’.

La recomendación señala que de los 119 cadáveres, la autoridad competente sólo entregó a la CNDH 99 carpetas de investigación que presentaron irregularidades o deficiencias en su integración, pues en 44 casos hay indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando así la impunidad.

En otros 15 casos no hay registro de necropsia de ley, sólo se identificó por su nombre a 21 cadáveres y 98 están pendientes de identificación, lo que se complicará por el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas durante su inhumación y posterior exhumación.

Pero también se encontró que en 33 de los casos con carpeta de investigación, ésta se inició horas o días antes del levantamiento del cadáver, situación que tampoco pudo ser aclarada por la autoridades competentes. Esta es sólo una de la larga lista de irregularidades citadas en el informe de la CNDH.