Colima, Col.

Los proyectos Gas LPZ y la terminal de gas natural licuado de Manzanillo, o regasificadora provocaron serios daños al ecosistema de la Laguna de Cuyutlán, donde fueron instalados, concluyó la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con sede en Canadá, después de ocho años de investigación.

La CCA autorizó la publicación del expediente de hechos relativo a los humedales de Manzanillo, donde constató la ilegalidad con que actuaron el ayuntamiento y el gobierno de Colima para otorgar los permisos de cambio de uso de suelo y construcción.

La petición que dio lugar al expediente fue presentada ante la Comisión de Conformidad con el Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte (ACAAN) el 4 de febrero de 2009 por la organización mexicana Bios Iguana AC y la activista Esperanza Salazar Zenil.

En el expediente de hechos, la CCA aborda la carencia de aplicación efectiva de disposiciones tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento de la misma en materia de evaluación de impacto ambiental, la Ley General de Vida Silvestre, los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial de Colima y de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán y la NOM-022, entre otros.

Esperanza Salazar comentó que el 24 de debrero de 2004 la empresa Zeta Gas del Pacífico, SA de CV ingresó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una manifestación de impacto ambiental para la evaluación del proyecto Terminal de Gas LP.

“En esa época el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Manzanillo establecía el uso de suelo forestal con una zonificación de turismo ecológico pero mientras se evaluaba el proyecto la empresa solicitó la modificación al uso de suelo y, de manera ilegal, el cabildo de Manzanillo estableció, el 12 de junio de ese año, que el uso de suelo a partir de ese momento sería zona de industria pesada de alto impacto y riesgo, dijo.

Resaltó que en noviembre de 2006, cuando el gobernador Ignacio Peralta Sánchez era secretario de Fomento Económico, la Comisión Federal de Electricidad ingresó ante la Dgira una manifestación de impacto ambiental para el proyecto de la terminal; seis meses después de la autorización de impacto ambiental, el gobierno del estado modificó el uso de suelo del PDU mediante un programa parcial para que guardara congruencia con los usos permitidos.

Enfatizó:“La Dgira no contó con los estudios de hidrodinámica necesarios para la evaluación del proyecto, pues se planeaba abrir el canal de Tepalcates a 250 metros para la entrada de los buques con la justificación de que esto generaría condiciones para mejorar la calidad ambiental de la laguna.

Estos estudios no fueron concluidos ni presentados a la Dgira, sino después de más de cuatro años de haberse emitido la autorización y dos años después de iniciados los trabajos de dragado del canal.

En el expediente la Comisión para la Cooperación Ambiental reconoce que “para 2014 era evidente la existencia de zonas de inundación más amplias resultado de la apertura del canal, pero también que las aguas no fluyen con facilidad.

En suma, el ecosistema de manglar de la Laguna de Cuyutlán ha sufrido graves daños y reducción en su cobertura debido a perturbaciones hidrológicas derivadas de las modificaciones al sistema ambiental tanto regional como local.”