Buenos Aires.

El ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, anunció este viernes que nadie pagará un alza de más de 500 por ciento en los precios de gas al dar a conocer un nuevo cuadro de costos y la extensión de la tarifa social, en momentos en que una serie de resoluciones judiciales han frenado los incrementos en los servicios públicos esenciales.

De acuerdo con el anuncio, la tarifa social incluirá a jubilados, trabajadores con salarios bajos, veteranos de guerra, discapacitados y electrodependientes, aunque hay matices confusos en las primeras informaciones se espera que la próxima semana se resuelva cómo este nuevo proyecto afectará a las entidades de bien público.

Sin embargo, el anuncio de que los topes para los usuarios residenciales no pasarán de 400 por ciento, y de 500 para Pymes, y estimando que el alza promedio general de la tarifa a partir de este mes será de 203 por ciento, no hay una respuesta a las demandas generales, como si el gobierno no hubiera escuchado los reclamos de la población.

Se considera que la Audiencia Pública, que se realizó recientemente, criticada por sus limitaciones para una participación popular, fue utilizada por el gobierno sólo para cumplir una resolución de la Corte Suprema, sin que el ministro Aranguren escuchara las propuestas de cooperativas, empresas recuperadas, pequeñas y medianas empresas, y otros sectores, imposibilitados de pagar el llamado tarifazo.

Aranguren nunca quiso explicar cual era el precio del gas en boca de pozo, como lo pidó la Corte. Ahora dice que alcanza 3.42 dólares, lo que es equivalente a subsidiar 50 por ciento de su costo, según sus cáculos que sin duda van a ser objetados.