La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Darlene Rojas, calificó de albazo la modificación que se hizo a la iniciativa de reforma en materia de justicia penal, que plantea que los sindicatos podrán emplazar a huelga sólo si demuestran ante las autoridades que son mayoritarios.

En entrevista, indicó que este cambio altera totalmente la primera propuesta de reforma, restringe el ejercicio del derecho de huelga, limita más los derechos consagrados por la ley y podría incluso ser el preludio de la extinción del sindicalismo, que perdería toda su fuerza de negociación, pues los gremios estarían supeditados a que las autoridades reconozcan que pueden realizar emplazamientos.

Hace falta un estudio serio sobre esta reforma, pues aunque fue aprobada en comisiones del Senado, el último cambio que se introdujo la dejó en situación crítica, ya que se pone en riesgo un derecho fundamental, el de huelga.

El cambio al artículo 123 constitucional que introduce un requisito adicional para que los sindicatos puedan emplazar a paros, provocará incluso que el país incumpla con el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y negociación colectiva, explicó.

También expuso que este cambio provoca que la reforma sea fallida antes de que la apruebe el Legislativo, pues va en contra de los trabajadores. La iniciativa se dividió en dos partes, la primera que tiene que ver con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y la otra, que tiene que ver con los contratos de protección, ya que pasa la obligación a los empresarios para hacer los registros de los contratos colectivos y ellos ahora tendrán que aportar los elementos de prueba de que los trabajadores quieren celebrar dichos contratos.

Sólo que este esquema deja otra vez a los trabajadores como simples espectadores, lo que es un contrasentido, planteó la titular de la JFCA.

En cuanto a los comentarios respecto de que las modificaciones el derecho de huelga son para acabar con el sindicalismo de protección, Darlene Rojas refirió que es todo lo contrario, porque se quiere limitar precisamente la actuación de las organizaciones obreras reales, los que llevan a cabo revisiones y emplazamientos.

Lo más grave, dijo, es que la iniciativa no responde a su objetivo, que es precisamente la impartición de justicia para los trabajadores; por el contrario, se está proponiendo restringir más sus derechos históricos y se favorece a la parte patronal.