Organizaciones, colectivos y activistas en defensa de los derechos humanos solicitaron a los senadores que integran las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos que, en el contexto de la discusión para reformar la Ley General de Víctimas (LGV), se establezca un procedimiento transparente, objetivo, incluyente y participativo para la designación del nuevo comisionado o presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Advirtieron que será una gran regresión y comprometerá la legitimidad de la reforma a la LGV, que el nombramiento de la persona titular de la CEAV sea discrecionalmente asumido por el Ejecutivo federal, sin una apertura sustantiva hacia los colectivos y organizaciones de víctimas y sin una valoración pública y objetiva de los criterios de su elección.

Casi una veintena de organismos civiles, entre ellos la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, destacaron que es necesario poner fin a la falta de coordinación, excesiva burocratización e indebida interpretación de la ley entre los integrantes de dicho órgano colegiado y, por lo tanto, resulte en la efectiva atención y reparación de víctimas.

En una carta dirigida a los legisladores de la Cámara Alta reiteran su llamado para que la reforma incluya los mecanismos de control y supervisión sobre su gestión, en el que participen las propias víctimas y personas especializadas en derechos de las víctimas, así como procedimientos para la revocación del mandato cuando se incumpla con los derechos que la ley otorga a las víctimas.

Solicitaron que los senadores sean quienes tengan la decisión de nombrar a la persona que encabece la CEAV a partir de una terna presentada por el Ejecutivo.

También demandaron que la LGV establezca que las propuestas de contendientes al cargo que surjan del Ejecutivo se realicen previa convocatoria y consulta pública y la integren personas realmente idóneas para el cargo y comprometidas con los derechos humanos y con las víctimas que la ley protege.

Además, consideraron que el Senado deberá garantizar también un proceso transparente de toma de decisión de quien ocupará ese importante puesto.