El Tribunal Latinoamericano del Agua responsabilizó ayer al gobierno mexicano por cuatro casos de deterioro de ríos, daños ecológicos y falta de transparencia en los permisos para fracking, y le recomendó frenar diversos proyectos hidráulicos en beneficio del medio ambiente y la población.

Al culminar la audiencia realizada en México, hizo un llamado al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a promover un debate amplio, incluyente y democrático sobre la ley general de aguas.

El tribunal es un organismo independiente que funciona como plataforma de justicia alternativa. Luego de analizar diversos casos denunciados por organizaciones o pobladores emite sentencias basadas en convenios, declaraciones y tratados internacionales en torno a la protección del agua.

Ésta es la segunda audiencia realizada en México. La primera fue en marzo de 2006. En esta ocasión atrajo siete casos de Coahuila, Michoacán, Oaxaca y Baja California. Tres de ellos los llevará a una audiencia de fondo, en la que los demandantes y acusados podrán presentar más pruebas.

Uno en el que responsabilizó al gobierno federal por diversos daños es el del municipio de Jiménez, Coahuila. Ahí hay concentraciones de gas esquisto, lo que ha atraído a empresas extranjeras dispuestas a extraerlo con el método de fracturación hidráulica (fracking), señaló Helena Cotler, miembro del jurado.

Indicó que, de acuerdo con los ejidatarios del lugar, esa técnica libera gases de efecto invernadero, utiliza y contamina grandes cantidades de agua sin posibilidad de recuperarla o reutilizarla, entre otras afectaciones.

El Tribunal Latinoamericano del Agua, una plataforma de justicia alternativa, revisa siete acusaciones contra el gobierno federal de México por daños ambientales vinculados al frackingFoto José Guadalupe Pérez

Por ello, recomendó al Estado suspender ese proyecto, que está adjudicado a compañías canadienses. Además, le señaló la falta de transparencia en el manejo de la información.

Consideró necesario cancelar los proyectos viales en el Área Natural Protegida de Loma de Santa María y la cuenca del Río Chiquito, en Morelia, Michoacán. En ese lugar se pretenden crear avenidas que conduzcan a complejos inmobiliarios. Esos edificios podrían provocar el desgajamiento del cerro.

Otro asunto que conoció el jurado del Tribunal, encabezado por Philippe Texier, fue la contaminación del río Atoyac, en Oaxaca. Ese afluente pasa por 30 municipios de los valles centrales, indicó María Fernanda Paz, del jurado.

El deterioro se debe a la extracción exagerada de agua y de piedras, descarga de líquidos residuales y desechos industriales, así como a la actividad minera, explicó. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitió esa situación, condenó el tribunal y sugirió saneamiento urgente.

En otro caso de Coahuila, el tribunal responsabilizó a la Conagua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la negligencia y falta de vigilancia que llevó al grave deterioro ecológico en el río San Rodrigo.

Tres denuncias de Baja California serán resueltas en una audiencia de fondo: una disputa por la asignación del agua del río Colorado, en Mexicali; sobre ese mismo afluente, la queja de cinco ejidos por la privación ilegal del líquido por parte de Conagua, y la construcción de una planta geotérmica, también en el Valle de Mexicali.