na pequeña digresión. Veamos rápidamente los precios del petróleo y del gas natural. El viernes nuestra mezcla mexicana se cotizó en 41.86 dólares por barril (dll/bl). Así, el promedio del año alcanzó 34.25 dll/bl Si los días restantes del año su promedio fuera de 37.50 dll./bl., lograríamos un nada despreciable promedio anual de 35 dólares. Recordemos. El precio presupuestal original en los Criterios Generales de Política Económica 2015 (CGPE15) presentados al Congreso fue de 50 dólares. En cambio en los CGPE16 presentados el pasado 8 de septiembre se estimó un cierre anual de 36 dll./bl. Y el precio base para el presupuesto de 2017 fue de 42 dll/bl. Ya veremos su evolución.
En el caso del gas natural de referencia (Henry Hub) el promedio al viernes fue de 2.36 dólares por millón de unidades térmicas británicas (dll/MMBTU). La previsión oficial para efectos fiscales de 2016 había sido de 3.20 dll/MMBTU. En los CGPE16 del 8 de septiembre pasado el cierre estimado para este 2016 fue de 2.30 dll/MMBTU. Y el precio base para el presupuesto de 2017 de 3.20 dll/MMBTU. Son números que con los de volúmenes de producción y exportación (en el caso del crudo) y de tipo de cambio presupuestal, determinan parte sustantiva de la contabilidad fiscal. Además, definen otras previsiones asociadas a la evolución de los precios de residuales, gasolinas y diésel. Pero también de la electricidad no subsidiada.
Para comprender bien el panorama fiscal derivado, habría que añadir las implicaciones de las coberturas petroleras. Vayamos hoy a una última reflexión preliminar sobre electricidad y renovables. No quisiera dejar de mencionar un aspecto central que –sin duda– debiera preocuparnos. Y mucho. Me refiero –así sea de manera preliminar– al impacto que ha tenido, tiene y tendrá en las comunidades y en la población, el desarrollo de empresas y parques eólicos y solares –incluso hidráulicos– en México.
Me he acercado a diversos reportes y testimonios. Entre ellos las tesis que han presentado compañeros de incuestionable calidad académica y ética, que ofrecen testimonios de algunas comunidades afectadas. Me refiero a los trabajos de David Barkin Rappaport y Roberto Diego Quintana. Pero también a reflexiones que ofrecen estudiosos de esta problemática, como Emiliano Castillo, Sergio Oceransky y Etienne Von Bertrab. Entre otros. Asimismo a reflexiones vinculadas a esfuerzos más institucionales. Es el caso –también a manera de ejemplo– del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo informe más reciente se deriva de su última visita a México (29 de agosto al 7 de septiembre pasados). Y en continuidad con ella, las reflexiones del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) a través de su nueva representanta para México, Centroamérica y el Caribe, Karen Hudlet Vázquez.
Son significativos esfuerzos de continuidad de un trabajo institucional de ese grupo de Naciones Unidas. Oficialmente este centro asegura que la tarea de su representante incluye visibilizar los impactos (positivos y negativos) de las empresas sobre los derechos humanos en estas regiones; destacar las denuncias de la sociedad civil y los casos que han recibido poca atención; buscar respuestas de las empresas ante las denuncias de abusos; emprender misiones de observación; y establecer contactos con ONG, empresas, inversionistas, periodistas y representantes gubernamentales.
La misma Karen Hudlet Vázquez indica que ha habido reformas legales que facilitan el despojo de tierras y la precarización del trabajo. Tareas como éstas resultan fundamentales dado el contexto en el que se han desarrollado, entre otras, algunas empresas que impulsan proyectos de energías limpias. La mayoría de origen extranjero. Y es que en opinión de David Barkin –por ejemplo– en casos como la hidroeléctrica de La Parota se descubre una historia triste, de relocalizaciones de poblaciones, sin su acuerdo, hacia lugares inhóspitos y la mayoría de las veces, sin compensación ni la restitución de tierras fértiles equivalentes a los terrenos perdidos. Se trata –a su decir y el de Scott S. Robinson, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco)– de cambios que provocan mayor pobreza, depresiones y angustias entre las familias y comunidades.
En opinión de Roberto Diego Quintana, de la misma UAM-Xochimilco –para dar otro ejemplo–, en el caso de la eólica de San Dionisio del Mar se identifican procesos viciosos de consulta a las comunidades e imposiciones autoritarias. Y –más aún– se descubre que en este y otros casos, las famosas manifestaciones de impacto ambiental (MIA) han mostrado deficiencias o tergiversaciones de información sobre las características de los proyectos. Si, en estos casos de proyectos energéticos, se consulta las leyes, uno descubre formulaciones tímidas o muy limitadas. Por eso los trabajos de académicos y organismos sociales comprometidos con las comunidades son fundamentales para frenar proyectos que vulneren sus derechos.
Me refiero no sólo al caso de proyectos eléctricos, sino también de exploración y explotación petrolera y de gasoductos, entre otros. Es indudable que en el caso de fuentes renovables que impulsan las aspiraciones justas de descarbonización y mayor limpieza y sustentabilidad, el respeto escrupuloso a las comunidades debe ser total. Hay experiencias que muestran que eso no ha sucedido. Sin duda.
