Carmelo Morales Hernández ha pasado largo rato mirando las fotografías de su hermano Jonathan sembrando maíz, frijol y jamaica, y no puede dejar de pensar en la forma que lo asesinaron: “Fue una ejecución directa del Estado. El gobierno no quiere que el pueblo levante la mirada”.

Jonathan tenía 21 años, estudiaba el cuarto año de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y fue asesinado el pasado martes junto a su compañero Filemón Tacuba Castro, cuando se dirigían a la normal en una camioneta de transporte público con otros tres pasajeros.

Jonathan quería ser maestro; aquí no hay otra cosa; yo que más quisiera que él fuera doctor, pero no hay recursos para pagarle su formación en una escuela privada. Los campesinos no tenemos otra opción que la normal de Ayotzinapa. Sabíamos del peligro, pero cuando hay pobreza, no hay miedo, dice en entrevista con La Jornada.

Carmelo tiene 37 años y es el mayor de una familia de 10 hijos, todos campesinos de la comunidad Los Saucitos, en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, al sureste de Chilpancingo. Su padre murió hace ocho años y su madre está devastada por el asesinato del más pequeño de sus hijos, el único que tuvo la oportunidad de estudiar.

Carmelo se emociona y sigue hablando sobre su hermano en tiempo presente: “Mi mamá está acabada. Mi hermano es un chavito, un niño bien portado, yo lo conozco bien. Cuando venía al pueblo se iba siempre al campo a sembrar.

En la mañana estaba viendo unas fotos. Él trabajaba en el campo desde chiquito, cuidaba a los chivos. Ahorita ya no tenemos animales, porque son laboriosos y se necesita que alguien esté con ellos todo el día y él era quien lo hacía, el más pequeño. A él se le dio la oportunidad de seguir estudiando bajo el esfuerzo de mis hermanos, que lo apoyaban económica y moralmente, señala.

Con el asesinato de los estudiantes Jonathan y Filemón, suman ocho normalistas de Ayotzinapa asesinados desde 1988: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo (26 de septiembre de 2014), Eugenio Alberto Tamarit Huerta, Freddy Fernando Vázquez Crispín (enero de 2014), Gabriel Echeverría de Jesús, Jorge Alexis Herrera Pino (12 de diciembre de 2011) y Juan Manuel Huikán Huikán (1988).

Carmelo no tiene duda: Es el gobierno. Nos está matando a los estudiantes. Al gobierno no le gusta que se manifiesten en contra.

Ejecución directa

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del movimiento de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lleva varios días en reuniones con las autoridades que investigan el reciente asesinato de los dos estudiantes.

Afirma que las autoridades siguen sosteniendo el móvil del robo, algo que les genera muchas sospechas, porque no corresponde con los testimonios sobre lo ocurrido: Lo que nos dice la fiscalía es que ya está establecida la línea del asalto. Tienen varias declaraciones, ya reconocieron a unos presuntos responsables y dicen que están trabajando, que ya los tienen identificados, comenta en entrevista.

Añade: “Esta agresión no fue producto de la espontaneidad. Fue una ejecución directa a los dos normalistas, un asesinato directo. Lo que hemos visto en el expediente nos muestra que la forma en la que fueron asesinados es que el ataque iba dirigido a ellos dos. Uno recibió un tiro en la sien y otro en la parte frontal del cráneo”.

Comenta que la escena del crimen y los testimonios de la gente confirman que la agresión iba dirigida hacia los dos normalistas: No fue un ataque de gente que está sola por la libre, sino que cuenta con un conjunto de protección, complicidades de autoridades.

Según la carpeta de investigación 12020090300669041016 integrada por el delito de homicidio, se ha podido determinar que los seis presuntos delincuentes contaron con la connivencia de autoridades.

Eso se explica porque quienes perpetran ese crimen contra nuestros compañeros se vienen por toda la carretera hasta la entrada de Chilpancingo disparando, ejerciendo violencia y no hubo intervención de ninguna autoridad. Cruzaron toda la ciudad y se van hasta el otro extremo, y tampoco intervienen los cuerpos de seguridad.

Agrega: Estamos hablando de la capital de Guerrero, donde tenemos la 35 Zona Militar, los batallones, comisarías de la Policía Federal, otra de la policía estatal y una más de la municipal y de la ministerial. Es el centro, el corazón de Guerrero.

La Fiscalía de Guerrero sigue sosteniendo que el móvil fue el robo, pero esa versión tampoco se sostiene: Indican que fue un robo, un asalto, pero los dos normalistas tenían su cartera. Nos dicen que no tenían su celular, pero el chofer del transporte refiere que los criminales no les quitaron sus pertenencias a las personas, aunque agrega que a él le quitaron su dinero.

Otro aspecto que genera sospechas es que los asaltantes eran seis, mientras que los pasajeros que iban en la camioneta Urvan eran cinco: No eran muchos los pasajeros. Aventurarse a un asalto para despojar de sus pertenencias a cinco personas y finalmente no robarles, pues allí lo dejo para que cada quien saque sus deducciones. Eran más los perpetradores que los pasajeros. Aunque les quitaran los celulares, el botín no iba a alcanzar para todos los perpetradores.

Las autoridades señalan que los criminales actuaron solos, movidos por un estado de intoxicación: No estamos de acuerdo en el móvil que manejan ni en que digan que ellos actuaron solos, movidos por el alcohol y la droga, porque la mecánica de los hechos nos está diciendo otras cosas. Es inconsistente la tesis de la autoridad. No hay mucha distancia de donde sucedieron los hechos a la ciudad. En el libramiento a Tixtla hay cámaras del C4 y éstas indefectiblemente captaron algo, pero la fiscalía no tiene esos datos todavía.

Política de exterminio

A Vidulfo Rosales Sierra le resulta muy extraño que las autoridades no hayan abierto otras líneas de investigación y pretendan solamente mantener el móvil en el ámbito del asalto: “Hay una tendencia del Estado a una agresión muy fuerte contra los normalistas de Ayotzinapa. Por más que digan que fue un asalto o un atropellamiento antes, existe una estigmatización de parte de la autoridad contra los estudiantes.

Hay en las instituciones esta idea de que los estudiantes son vándalos, que destruyen, que no se dedican a estudiar; es más, de que son un mal y entonces hay que acabar con ellos. Esa idea es la que impera en los cuerpos policiacos en Guerrero, y cuando reprimen una manifestación lo hacen con saña y de manera brutal. Siempre hay un saldo de heridos, lesionados de gravedad, como en la última donde hubo compañeros fracturados de los pies. Y de eso, el Estado no dice nada.

Explica que por eso la delincuencia organizada es un actor que mira a los normalistas de Ayotzinapa como un estorbo o como un enemigo en la mira, porque hay cuerpos policiales amafiados con la delincuencia.

El resultado, dice, es que el gobierno de Héctor Astudillo Flores justifica las agresiones y ataques diciendo que ellos se lo buscaron y entonces aplican una auténtica política de exterminio contra los normalistas.

“Poco a poco están generando temor entre los estudiantes. Ellos ahora están pensando cómo salir a hacer sus prácticas. Ahorita hay deserción escolar. La normal de Aytotzinapa se va reduciendo, pues esta política está provocando la reducción de la matrícula.

Muchos ya no quieren estudiar en la normal; hay padres que piensan que si mandan a sus hijos allí van a desaparecer o a ser asesinados. Por eso no podemos dejar en la impunidad estos crímenes.

Carmelo, hermano de Jonathan, dice que han detenido la dobla del maíz para seguir buscando el esclarecimiento de los hechos: Estamos pidiendo que se haga justicia, que se busque a los responsables y que paguen. Exigimos que la fiscalía haga las investigaciones como se debe y que el gobierno responda, aunque yo sé que no van a hacer nada.

Indignado, recuerda cómo truncaron la vida de un joven que tenía planes a futuro: “Terminando la normal, mi hermano quería estudiar una carrera técnica de informática. Lo del móvil del robo es una mentira. Él tenía un celular barato, de esos negros, que no valía la pena. Se demuestra la mentira del Estado. Fue una ejecución directa”.