a lucha por recuperar los fondos que el gobierno federal debe entregar a los habitantes de la Ciudad de México, y a los que en una suma bien hecha se tienen que agregar los dineros que algunas dependencias federales destinan a esta entidad, para que nos demos cuenta, a esta capital le faltarán, para el año que entra, algo más de 72 mil millones de pesos.

Aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera nos asegure que los programas sociales ya fueron blindados ante la crisis inminente, cuyos efectos se empiezan a sentir en el precio de los productos de consumo generalizado, el asunto es que muchos proyectos que el gobierno tenía en su programa para el año que viene quedarán en suspenso, y eso afecta la vida de los capitalinos.

Como ya es de manejo común, esta crisis, que apunta al muy maltrecho corazón de la ciudad, tiene sus raíces en las reformas fallidas a la leyes mexicanas, en las que no se supo cuidar la salud financiera, y finalmente social, del país, que ahora deberá sufrir las consecuencias de esos cambios que, por decir lo menos, pretendieron alimentar egos malpasados, sin obedecer a ningún proyecto de país, a ningún plan de desarrollo, pero sí a la conseja neoliberal que habrá de producir, esos sí, un engrosamiento del ejército de menesterosos, y también dará nuevos impulsos a la espiral de la pobreza, que cada día es mayor.

Por eso, por todas esas consideraciones, es muy claro que la constitución política de la Ciudad de México debe ser un texto que cuide, artículo por artículo, a la población de la capital, cosa que no es fácil porque el hambre insaciable del mercado se traga, y transforma en artículos en venta, hasta las mejores intenciones de quienes se resisten a caer en sus redes.

Ya no puede ser posible que los gobiernos desoigan el mandato del voto y que quienes ejercen el poder no fijen rumbos de gobierno acordes con el trazo que se marca desde las urnas, porque entonces las administraciones dan lo que se llama bandazos, es decir, un día van hacia un lado y otro vuelcan su atención hacia el bando contrario.

Lo que ahora se llama gobiernos de ocurrencia es, a todas luces, una denuncia a la formación de gabinetes que no guardan, a veces ni por asomo, la idea del sufragante al decidir su voto, y que parecen ir a la deriva tapando huecos de gobierno sin ton ni son, y haciéndolos aparecer como logros, como resultados de alguna estrategia que no tiene ni pies ni cabeza.

Fijar rumbo no es malo, da certeza; lo grave es la mezcla insana de formas de pensar que sólo puede acarrear confusión y desfigura a los gobiernos. Gobernar para todos es la mejor frase que se escogió para sostener que los gabinetes tendrían que ser variopintos, pero lo más curioso es que, cuando la izquierda gana una elección, casi se le exige que en su equipo de trabajo no falte un peón de la derecha, aunque cuando esa filosofía, la que defiende al capitalismo salvaje, llega al gobierno, nadie exige nada porque todos comulgan con la derecha.

Por eso, ahora es de la mayor importancia lo que en la constitución de la Ciudad de México se escriba, y la traición a la gente de la ciudad no se vale.

De pasadita

Todo parece indicar que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México no quiere estar dentro de la discusión de la constitución. No hay idea de por qué no se le ha hecho una invitación formal para integrarse a los trabajos, ni tampoco por qué a la institución no le interesa asumirse como protagonista de esta importante tarea.

Y ya que hablamos de este tema, hoy comparecerá ante los diputados locales el consejero jurídico y de servicios legales de esta capital, Manuel Granados, quien expondrá el largo camino que se tuvo que recorrer para que la Ciudad de México esté en la antesala de contar con su propia carta magna, que le permitirá planear, con autonomía, su desarrollo en condiciones de igualdad frente a las demás entidades federativas y así garantizar los derechos de quienes la habitan y transitan, al tiempo que consolidará su libertad y soberanía.

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