El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que la Asamblea Legislativa (ALDF) carece de facultades para aprobar un decreto de ley de amnistía en favor de personas indebidamente detenidas en el contexto de protestas sociales.

En su comparecencia ayer ante el pleno del órgano legislativo con motivo de la glosa del cuarto Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, el funcionario dijo que sería además inconstitucinal decretar una ley individual o particular para beneficiar solamente a cuatro personas que permanecen en reclusión.

Luego, en entrevista, explicó que la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México no confirió facultades a la ALDF para otorgar amnistía, que sí tienen los congresos de las demás entidades para deitos del fuero común, pero en la capital es el jefe del Ejecutivo federal quien concede incluso indultos para delitos previstos en el Código Penal local.

Recordó que en la pasada legislatura, que él presidó, se reformó dicho ordenamiento para atenuar la pena por ataques a la paz pública, lo cual permitió la liberación de unas 15 personas que fueron detenidas durante las protestas del primero de diciembre de 2012.

Ante el pleno, al responder a un cuestionamieto de la bancada de Morena, Granados dijo, sin embargo, que analizarán la situación de los cuatro presos, pero advirtió que solamente en un caso existe aún posibilidad de apelar de la sentencia y los demás ya agotaron todas las vías legales posibles.

Dijo que el acuerdo con los diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF y otros que se agregaron al análisis del dictamen de amnistía fue hacer una revisión de los casos para verificar si existió alguna violación a sus garantías constitucionales.

Antes, el coordinador de Morena, César Cravioto, y la diputada Citlalli Hernández, señalaron que la amnistía promovida por su partido beneficiaría a unas 500 personas, y en tanto se esclarecían las dudas jurídicas del dictamen, se acordó revisar los cuatro casos aludidos de Luis Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Luis Fernando Sotelo Zambrano y Jessi Alejandro Montaño Sánchez, quienes iniciaron una huelga de hambre el pasado 28 de septiembre en los reclusorios Norte y Sur.

Hernández refirió, en el caso de Montaño, que el pasado 11 de octubre se le impuso una sentencia de 33 años y cinco meses de prisión al imputársele haber participado en el incendio de una unidad del Metrobús en el contexto de las protestas por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014, pero aseguró que hay pruebas para demostrar su inocencia.