ndrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantiene en la agenda política e informativa de diversas maneras. Ayer, por ejemplo, se dio a conocer el texto de la demanda judicial que presentó contra el diario estadunidense The Wall Street Journal, luego de que éste publicó en días pasados una nota informativa en la que acusaba al tabasqueño de mentir, al no incluir dos departamentos para vivienda en sus declaraciones patrimoniales voluntarias (en los formatos denominados Tres de tres). En caso de ganar ese litigio por daño moral, AMLO donaría la indemnización correspondiente a hijos de migrantes que son deportados de Estados Unidos a México.

La postura punitiva del virtual candidato presidencial de Morena es infrecuente en el medio político mexicano, acostumbrado a desestimar los señalamientos mediáticos de corrupción. Recientemente, sin embargo, han cobrado relevancia dos casos de reacción de políticos contra quienes indagan y publicitan sus irregularidades, aunque buena parte de la opinión pública concede más credibilidad a los demandados que a los demandantes: Jesús Ortega Martínez, el jefe máximo de la corriente conocida como los chuchos, que hasta hace poco dominaba el escenario del Partido de la Revolución Democrática, ha conseguido en primera instancia una resolución contra la periodista Sanjuana Martínez, y se está en espera de la revisión que realiza una instancia superior; Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, lo ha hecho contra el académico Sergio Aguayo, con una exigencia de 10 millones de pesos de compensación.

Hasta ahora, por más microscopios y telescopios que han aplicado a la situación patrimonial de López Obrador no le han podido probar enriquecimiento ni excesos. Sin embargo, hay una afanosa campaña propagandística que pretende aprovechar cualquier circunstancia confusa o imprecisa para tratar de tumbarle la etiqueta de honestidad y austeridad que le permite seguir políticamente adelante, a pesar de sus cada vez más frecuentes tumbos declarativos y conceptuales. En ese contexto, que puede adquirir tonos grotescos, se manipuló un video tomado en Guanajuato y se pretendió demostrar que el mando de Morena había tomado copas de más y había hecho declaraciones, en estado inconveniente, sobre Miguel de Cervantes y El Quijote.

Resulta irónico que se esmeren en la búsqueda de detalles en la situación patrimonial de López Obrador, cuando muchos de esos cazadores acumulan enormes evidencias de corrupción y excesos con cargo al presupuesto público (véase el caso del dirigente formal del PRI, Enrique Ochoa Reza, cargado de millones y automóviles), de la misma manera que resulta irónico que panistas y priístas retuerzan los hechos para fabricar un presunto caso de ingesta excesiva de bebidas alcohólicas por parte de su principal contrincante, AMLO, cuando la clase política tradicional se la pasa en fiestas y convivios con cargo al erario, ya sea por la vía de las facturas sobre consumos en establecimientos privados o de la compra directa de viandas y bebestibles de gran costo, con cargo a las partidas presupuestales de las casas de gobierno, en los estados, o de Los Pinos, en el plano federal, donde los dos inquilinos recientes han sido grandes consumidores, tanto Felipe Calderón Hinojosa, con extendida fama pública de alta graduación constante, como Enrique Peña Nieto, muy dado a la fiesta.

En la galería reciente de ruido mediático e internético contra AMLO también figura el extraño pasaje del breve paseo del tabasqueño tras una paloma en un callejón de Guanajuato, en recuerdo de similares andanzas anteriores en su tierra natal, lo cual fue difundido a través de su propia página de Facebook. En todo ese contexto está por verse el resultado de la gestión judicial realizada por un equipo de abogados, con Julio Scherer Ibarra a la cabeza, contra el citado Wall Street Journal. Desde ahora hay quienes tachan ese lance de maniobra publicitaria, sin sustento jurídico atendible, e incluso hay señalamientos de que con ese tipo de acciones se lastima el derecho a la libre expresión. Desde el flanco moreno, en cambio, esperan que proceda la demanda y siente precedentes.

Cierto es que hay temas que requieren atención urgente, como sucede con los haitianos deseosos de entrar a Estados Unidos pero estacionados en ciudades fronterizas de México. Sin embargo, la reunión y las declaraciones públicas de altos funcionarios de ambos países parecen más un intento de recomposición política de última hora por parte de Los Pinos, luego de la desastrosa recepción al ahora alicaído Donald Trump. Así, el secretario de seguridad interna de la potencia vecina, y los secretarios mexicanos de Gobernación y de Relaciones Exteriores, aparecieron entre nubes de buenos propósitos y planes a futuro, cuando la administración de Obama dejará el poder formalmente en la segunda quincena de enero del año venidero, aunque desde semanas atrás comenzará el proceso de transición que en los hechos va entregando el control gubernamental al nuevo equipo.

La sesión de ayer incluyó una reunión privada entre el secretario visitante, Jeh Johnson, y el ocupante de la silla presidencial mexicana, Enrique Peña Nieto. El interés nacional tiembla, de manera explicable, cada vez que se realizan ese tipo de sesiones en las que predominan las conveniencias de la parte poderosa. En las circunstancias actuales hay razones para esperar peores cosas, pues el anfitrión está en momentos de grave inestabilidad política, con una crisis económica a la puerta y una sociedad agraviada por tanta pifia cupular. Un representante formal de México, en esas condiciones, poco puede hacer (si es que lo deseara y lo intentara) ante la presión avasalladora de la potencia norteña.

Y, mientras Peña Nieto envía fuerzas federales al estado de México (más de 3 mil elementos, en una primera acometida) para ir recuperando la confianza ciudadana rumbo a los comicios estatales del año próximo, ¡hasta mañana!

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