El lanzamiento de la plataforma digital Memoria y verdad, que contiene archivos e información de 14 casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas en el país en décadas recientes, se convirtió en acto de severos cuestionamientos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al cual le reprocharon ocultar información, simular transparencia y carecer de compromiso para llegar a la verdad en casos de violaciones a las garantías fundamentales.

Más de 10 años de transparencia en México y dos reformas constitucionales de avanzada nos hablan de la falta de compromiso de los intérpretes de la ley con la verdad, afirmó Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, durante la presentación de la plataforma digital entre el Inai y organizaciones civiles.

Frente a seis de los siete integrantes del Inai afirmó que, de último momento, los comisionados del instituto no sólo decidieron bajar de la plataforma el caso de la guardería ABC de Sonora, sino también descartaron un cúmulo de información fotográfica, audiovisual y hemerográfica, así como cables diplomáticos, documentos inéditos sobre los casos y la identificación de cientos de expedientes clasificados cuyo periodo de reserva ha caducado. Se decidió bajarlo con el argumento de la protección de datos personales.

Señaló que el conocimiento público de violaciones graves a derechos humanos es un primer paso, no el único, para exigir justicia, pero no habrá perdón ni reconciliación con el Estado si no sabemos qué pasó. A todos nos duelen los 72 (migrantes asesinados) de San Fernando, los 43 (normalistas) de Ayotzinapa, los 22 de Tlatlaya, y por eso también la sociedad tiene derecho a saber la verdad, remató Ruelas Serna.

En el acto, efectuado en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Haydeé Pérez, de Fundar; Denise González, del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y Ruelas Serna, señalaron que el Inai faltó a los acuerdos de garantizar total transparencia en el manejo de la información y excluyó de la lista original el caso de la guardería ABC, al poner en duda si se trataba de un asunto grave de violación a los derechos humanos, en contrasentido con lo que ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, “los casos que quedaron, sólo con información oficial, que no dice mucho, se refieren, entre otros, a la guerra sucia, Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Ayotzinapa y Apatzingán.

“El Inai, ese organismo garante, al que muchos aportamos tiempo y esfuerzo para garantizar autonomía e independencia, no estuvo a la altura de una sociedad que demanda verdad y memoria. Este Inai, que opta por el olvido, no es por el que luchamos… se olvidó que en el centro del derecho a la información está el ciudadano y no los funcionarios”, dijo Ruelas en medio del silencio del auditorio.

La respuesta de la presidenta del Inai, Ximena Puente, fue el silencio. En su breve intervención no hizo referencia alguna a las críticas de las organizaciones sociales y se limitó a destacar lo valioso de la plataforma, que en una versión no consensuada está disponible en memoriayverdad.