La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un tribunal colegiado de circuito que revise la resolución de un juez federal y revoque la determinación de que la dependencia levante el aseguramiento ministerial sobre los inmuebles cedidos a Ficrea para pagar a ahorradores defraudados por Rafael Olvera Amezcua, ex dueño de la sociedad financiera popular.

La resolución de segunda instancia que emita el tribunal colegiado será inatacable.

La semana pasada, Guillermo Campos, juez encargado de la quiebra de Ficrea, dio tres días a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para que ponga los inmuebles a disposición del síndico de la quiebra, Javier Navarro Velasco. Sin embargo, la dependencia se movió a tiempo para retrasar a orden del juez y combatirla en segunda instancia judicial.

La orden del juez Campos no detalla la ubicación de los inmuebles cedidos a Ficrea en diciembre de 2014 por Olvera y sus empresas relacionadas, pero Navarro señaló que son 28, en un informe del pasado 20 de septiembre.

El paquete incluye dos departamentos en Lomas de Chapultepec y dos en Acapulco, cuatro casas en la colonia Periodistas y varios terrenos y casas en Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán.

La Seido ha mantenido asegurados los inmuebles porque hay dos causas penales y varias averiguaciones previas contra Olvera y sus allegados, y los bienes que son producto del delito tienen que estar asegurados para eventuales reparaciones del daño a las víctimas.