no de los puntos que suscitan mayor debate alrededor de los proyectos mineros en el país es su contribución al desarrollo social y económico de los territorios y las regiones donde se implantan. Si bien es importante el ingreso masivo de capitales al país para la estabilización macroeconómica, la verdad es que las dinámicas en el ámbito local acentúan la desigualdad entre la población, además de que los marcos regulatorios son insuficientes para asegurar adecuados estándares ambientales y procesos sostenibles de bienestar económico para las poblaciones rurales en las áreas de influencia de los proyectos mineros.

Otro elemento central de la discusión es el monto de los impuestos que pagan las empresas mineras, su distribución en las regiones productoras de minerales y la manera de utilizarlos para promover el desarrollo regional. Es fundamental evitar el nocivo clientelismo, que propicia el desperdicio de recursos y socava los cimientos de nuestra incipiente democracia, así como impedir la discrecionalidad. Sería muy importante que el gobierno estatal decidiera canalizar grandes inversiones productivas y sociales bien articuladas hacia zonas rurales aledañas a los proyectos mineros, una vez que, con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, haya definido objetivos para los territorios, metodologías de intervención e indicadores, así como los montos de inversión social y productiva necesarios, todo ello acompañado con el fortalecimiento de los gobiernos municipales.

Resulta inconcebible que un país minero como México tenga una red empresarial tan pequeña en el sector. Las grandes maquinarias, los medianos y pequeños equipos, así como gran cantidad de materiales utilizados masivamente por las empresas mineras, son importados. Y el descuido es peor en los casos del financiamiento, la formación de personal de alta calificación, la investigación y la innovación.