Ante el incremento en los niveles de hechos delictivos en el país la cúpula empresarial hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a acordar un pacto por la seguridad pública, que incluya la aprobación de todas las iniciativas encaminadas a combatir la corrupción y la impunidad, el despliegue de más policías para abatir los índices delincuenciales y brindar certeza legal a las fuerzas armadas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, solicitó al jefe del Ejecutivo federal que, a cuatro años de que asumió el gobierno, se haga un análisis de la estrategia y los esfuerzos realizados para procurar un México en paz, los cuales, dijo, no han funcionado y deben cambiarse.

En conferencia de prensa a la que asistieron los dirigentes de las principales cámaras patronales del país, Castañón explicó que los empresarios no tienen un diagnóstico sobre las causas de la inseguridad –no somos expertos, dijo– y consideró urgente revisar la estrategia gubernamental ante el aumento en el número de homicidios, robos en carreteras, linchamientos, tomas de fábricas y bloqueos.

Critica el aumento de las manifestaciones sociales

El presidente del CCE criticó el incremento de las manifestaciones sociales de protesta contra las medidas del gobierno, porque representan un riesgo para la gobernabilidad del país y es un fenómeno que no debe dejarse crecer.

El incremento de los linchamientos, los saqueos y las manifestaciones en las calles está generando un clima de ingobernabilidad, por eso (hacemos) el llamado a los presidentes municipales para que se coordinen con los gobiernos de los estados y el federal para no dejar crecer este fenómeno social, que ha venido aumentando en los tres años recientes, comentó.

Además, Castañón hizo un reconocimiento a la labor de las fuerzas armadas e instó al Congreso a aprobar una ley de seguridad interior que les brinde mayor certidumbre jurídica, pues en ocasiones “parece que las instituciones defienden más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas.

Es momento de cerrar filas en apoyo de quienes día a día arriesgan su vida por el país, puntualizó.

Recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la inseguridad y el delito alcanzó una cifra de 236 mil millones de pesos en 2015, lo que representa 1.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), y según las estimaciones de los empresarios, las afectaciones pueden llegar a 9 por ciento del PIB si se incluyen los costos que reportan los afiliados a las cámaras.

El presidente del CCE dijo que los empresarios pedirán a los legisladores que ubiquen como prioridad en su agenda la aprobación de medidas de seguridad pública, las cuales, dijo, se han politizado y pospuesto.

Los empresarios pidieron al Poder Judicial que redoble los esfuerzos para la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con un programa puntual que reavive la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

En la conferencia donde presentaron su pronunciamiento estuvieron presentes, entre otros, los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes; de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enrique Guillén; de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Mario Vela Berrondo, y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, así como Rodrigo Alpizar, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales.