Consejeros electorales cerraron la posibilidad a los partidos políticos de poder geolocalizar a los votantes en el extranjero, con lo que buscaban detectar registros en el padrón electoral irregulares o masivos con miras a los comicios locales del próximo año.

El PRI hizo mancuerna con Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para impedir que se aprobara una propuesta que recibió el respaldo de la mayoría de los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia del INE.

En la comisión del Registro Federal de Electores se acordó darle acceso a los partidos políticos a una ubicación aproximada de los electores, pero sin poder efectuar la geolocalización o identificarlos mediante su computadora o celular desde donde se registran.

Tanto PAN como Morena plantearon el riesgo de que se usurpe la identidad de los electores, como ocurrió en Chiapas, donde se rasuró el registro de miles de electores locales para incorporarlos al de votantes en el extranjero. Luego se abultó el voto a favor del candidato del PVEM a diputado migrante, quien fue desaforado por este motivo.

El consejero Enrique Andrade les pidió a los representantes partidistas superar el fraude electoral cometido en Chiapas y aseguró que la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores contará con mecanismos para detectar e inhibir conductas anómalas en las elecciones que tendrán lugar en el estado de México y Coahuila, donde podrán sufragar residentes en el extranjero.

El consejero Ciro Murayama aconsejó a los partidos políticos evitar la paranoia, dado que hay diversos candados para evitar una inscripción fraudulenta de muchos ciudadanos.

Jaime Castañeda, representante de Morena, planteó: Perdón que suene paranoico y se declaró sorprendido de la ligereza con que se aborda el fraude cometido en Chiapas, cuya responsabilidad del INE falta por deslindar.

Este tema se votará en el Consejo General, sin embargo, se advierte una mayoría de consejeros electorales que se oponen a dar información más detallada de los electores al argumentar que se debe privilegiar la protección de los datos personales de los ciudadanos.