La coalición Nueva Alianza-PT-Humanista en la Asamblea Legislativa (ALDF) presentó una iniciativa para derogar los artículos 287 y 362 del Código Penal local, que estipulan los delitos de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, al advertir que las penalidades que establecen –hasta de dos y siete años de cárcel, respectivamente– no hablan nada bien de esta gran ciudad, que pretende ser la más libertaria y justiciera.

Hace un año, el 15 de octubre de 2015, Morena presentó una iniciativa en ese mismo sentido a partir de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), de septiembre de ese mismo año, al considerar que ambas disposiciones criminalizan la protesta social, que fue turnada desde entonces a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado priísta Israel Betanzos Cortés.

Al presentar ayer esta nueva iniciativa, el diputado de la coalición, Juan Gabriel Corchado Acevedo, aludió también a la recomendación de la CDHDF a partir de las recomendaciones 11/2014/, 9/2105, 10/2015, 16/2015, 17/2015 y 11/2016 relacionadas con detenciones arbitrarias que se sucedieron en el contexto de diversas manifestaciones públicas, así como a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los juicios de amparo 4384/2013 y 4436/2015, en las que se cuestionó su constitucionalidad.

Corchado refirió que si bien ambas disposiciones en el Código Penal datan de una reforma de la ALDF en 2002, no fue sino hasta el primero de diciembre de 2012 cuando se pusieron a prueba, con las detenciones ocurridas en las movilizaciones durante la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

“El nuevo jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, trató de enmendar la plana a pocos días de asumir su mandato y presentó una propuesta de reforma al artículo 362 del Código Penal, que inmediatamente fue publicada en la Gaceta Oficial el 27 de diciembre del 2012. Sin embargo, la reforma no solucionó el problema de fondo porque lo único que se hizo fue reducir la pena máxima aplicable de 30 a siete años de prisión.

En la ALDF aguardan para ser dictaminadas otras dos iniciativas respecto de ambos artículos, una que presentó el Partido Revolucionario Intsitucional también el 15 de octubre del año pasado, en la que, por el contrario, plantea volver a incrementar la pena máxima para ataques a la paz pública hasta por 30 años de cárcel, al considerar que debía equiparse al delito de terrorismo.

El 19 de abril pasado, el diputado perredista Leonel Luna presentó otra iniciativa respecto del artículo 287, en el que sólo se plantea sustituir en el texto el concepto ultrajes por agreda física o verbalmente a través de amenazas o insultos a una autoridad, y mantiene sin cambio las penas que van de seis meses a dos años de prisión.