El secretario de Protección Civil del gobierno capitalino, Fausto Lugo García, informó que entre el 15 de septiembre de 2015 y la misma fecha de este año la dependencia llevó a cabo visitas de verificación en 51 desarrollos inmobiliarios en construcción, demolición o remodelación, de los cuales 30 (casi 60 por ciento) debieron ser suspendidos por no cumplir con la normatividad.

Explicó que si bien las funciones de verificación en materia de protección civil corresponde a las delegaciones, la secretaría interviene en obras sobre superficies de más de 10 mil metros que pueden generar un riesgo mayor, con el fin de constatar que cumplan a cabalidad las medidas para garantizar la seguridad de la población.

Al comparecer ante la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa con motivo de la glosa del cuarto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera, refirió que en el mismo periodo se efectuaron 91 verificaciones a bares, establecimientos de hospedaje, restaurantes y estaciones de servicio, en las que se aplicaron 49 suspensiones.

A pregunta expresa de los legisladores, Lugo García consideró que se requieren leyes más estrictas en el caso de las construcciones para evitar daños a edificaciones colindantes, así como vicios ocultos o estructurales que pongan en riesgo la vida de quienes adquieren una vivienda.

Lugo García aludió a la legislación en materia de obras para hacer más rigurosas las exigencias a los directores responsables de obra (DRO), así como los procesos constructivos.

Planteó incluso que, así como los operadores de inmuebles como estadios, están obligados a entregar cada cinco años o al ocurrir un sismo importante un nuevo dictamen estructural de la edificación, así también lo hagan los desarrolladores inmobiliarios en sus condominios.

Atlas actualizado

Resaltó la importancia de la actualización del atlas de peligros y riesgos de la ciudad, para el que se solicitó a la Federación recursos del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), sin embargo, después de dos años de trabajo para elaborar y cumplir lo dispuesto en las reglas de operación, la Secretaría de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres “respondieron que el proyecto estaba autorizado, pero que no había dinero y seguramente el próximo año menos.

“Como es un pari passu (la Federación entrega un porcentaje y la entidad otro) nosotros pedimos 30 millones de pesos, nos iban a asignar 70 por ciento, que son como 18 millones y cachito, y nosotros íbamos a poner el resto”, apuntó.