Caracas.

El presidente venezolano Nicolás Maduro decretó este viernes el Presupuesto Anual para el Ejercicio Fiscal 2017, tras presentarlo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sin someterlo a discusión a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, organis- mo al que le corresponde aprobarlo de acuerdo con los lineamientos de la constitución.

Ante centenares de simpatizantes del oficialismo concentrados a las afueras del Panteón Nacional de Caracas, cerca de la sede del TSJ, el mandatario firmó el decreto-ley del presupuesto, estimado en 847 mil 911 millones de dólares.

Procedo a firmar la carta que dirigiré a la excelentísima magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del TSJ, cumpliendo el mandato, acatando su sentencia y remitiéndole el presupuesto del año 2017, expresó Maduro, quien estimó que 83 por ciento se financiará con los impuestos internos y sólo 3.2 por ciento con ingresos petroleros.

El decreto tiene lugar tres días después de que el máximo tribunal le confirió poderes al presidente para aprobar el presupuesto sin necesidad de someterlo al escrutinio de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, pero convocó a una reunión popular del llamado Congreso de la Patria.

Este congreso es definido por Maduro como el gran instrumento para consolidar un nuevo poder popular, que sea capaz de superar las grandes tareas de la patria.

La Asamblea Nacional, denunció el acto como inconstitucional e insistió en que desconocerá la aprobación del Ejecutivo, debido a que incurre en ilegalidades como la ejecución de un gasto, la percepción de un impuesto o contribución fiscal y endeudamiento.

Maduro reviró y señaló que el parlamento debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y sus responsabilidades con el servicio público o disolverse ya. Indicó que Venezuela necesita otro parlamento y no ese, “compuesto en su mayoría por un grupo de fanáticos, racistas, apátridas, lacayos del imperialismo yanqui y los intereses de la derecha internacional que sólo quieren despojar a todos los venezolanos de las riquezas del país.

La ley presupuestaria generó el más reciente choque entre poderes en el país, sumido en una profunda crisis económica, y que ahora enfrenta interrogantes sobre cómo hará frente a sus gastos y compromisos de deuda.

Diputados opositores sostuvieron que la decisión del Trubunal Superior va en contra de la Constitución y alertaron que el gobierno se verá impedido de contraer deuda.