sta semana la corrupción en las altas esferas del gobierno se hizo patente, una vez más, con la renuncia de Javier Duarte de Ochoa a la gubernatura de Veracruz, llamando la atención la seguridad de sus declaraciones de inocencia, no obstante la desaparición de 15 mil personas sin que su gobierno diese cuenta de ellas, así como la multitud de evidencias del saqueo cometido contra el patrimonio de ese estado a lo largo de su administración y los asesinatos de 15 periodistas. Casos en los que la falta de transparencia y la denostación habitual de las víctimas sugieren la participación de las autoridades estatales y de él mismo, en la comisión de esos crímenes. El problema no es sólo de Veracruz, situaciones similares son del conocimiento público en varias entidades de la República; fenómeno que se extiende a regiones cada vez más amplias de la nación, algo desconocido en tiempos pasados, cuando la autoridad del Presidente aseguraba que los gobernadores indeseables fuesen removidos antes de generar daños mayores.

Fue con la llegada del Presidente del cambio, Vicente Fox, cuando comenzaron a darse estos problemas, luego de que éste malgastara su capital político con decisiones de carácter familiar que terminaron involucrándolo en problemas de corrupción, que sólo pudo superar mediante concesiones a las cadenas televisoras y a los entonces gobernadores estatales para que éstos manejaran los recursos presupuestales de sus estados de acuerdo con sus intereses. Se violaron principios fundamentales para el manejo honesto del presupuesto asignado por el Congreso, dando lugar a la utilización irregular del erario por parte de los gobernadores, como ocurrió con Arturo Montiel, cuyas propiedades millonarias empezaron a conocerse como un anuncio de lo que habría de seguir.

En 2006 la llegada a la Presidencia de Felipe Calderón, tras un proceso electoral plagado de irregularidades y con una diferencia marginal de dudosa procedencia sobre López Obrador, llevó al nuevo mandatario, carente de autoridad, a establecer un pacto con los gobernadores priístas, permitiéndoles el control absoluto de los recursos federales, para manejarlos a su antojo, y también el acceso y control de los dineros que el gobierno debía entregar a organismos autónomos ubicados en esos estados, incluyendo universidades y organismos de interés público.

Los resultados no se hicieron esperar, el poder adquirido por los gobernadores, con el manejo discrecional de los recursos asignados a los estados comenzó a dar frutos. Los gobernadores se sintieron dueños de las entidades, utilizando buena parte de los recursos para acrecentar su imagen personal de manera desmedida y repartir puestos, dádivas y concesiones a su antojo.

Los casos de los gobernadores de Coahuila Humberto Moreira, del estado de México Enrique Peña Nieto y de Fidel Herrera en Veracruz no fueron los únicos, pero sí los más conocidos, no sólo por la riqueza y las propiedades que ellos y sus colaboradores cercanos pudieron acumular, sino por la promoción personal con los recursos públicos de sus estados, siendo emblemático el caso de Peña Nieto, por la gigantesca y costosa campaña contratada con Televisa para llevarlo finalmente a la Presidencia.

La escuela de corrupción así establecida daría una nueva camada de gobernadores más voraces aún, la cual pronto mostraría su capacidad de depredación. Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua y Veracruz son hasta ahora los casos más conocidos; otros se conocerán en los próximos meses. El caso de Veracruz sirve de ejemplo para entender hasta dónde puede llegar un gobernador en materia de corrupción; hago referencia al conocido personaje que tuvo a bien informar al pueblo veracruzano su de-cisión de separarse del gobierno a su cargo para defenderse de las infamias con las que ha sido acusado por quien próximamente gobernará el estado, exhibiendo así su falta de respeto a las instituciones republicanas y mostrando con ello su desprecio por los cientos de miles de veracruzanos dañados por sus acciones y omisiones, indicando con su discurso que las protestas continuas de trabajadores, jubilados, universitarios, campesinos y empresarios carecen de importancia para él.

Para quienes conocen la realidad que vive Veracruz es claro que este hombre llegó al palacio de gobierno con un propósito deliberado: robarse todo lo posible, conformando su equipo con trúhanes que vieran en los recursos del gobierno un botín del cual disponer a su antojo, con la aprobación de la autoridad superior, a cambio de una tajada para ésta, depositada en un banco extranjero a nombre de esa autoridad o de sus familiares, que nunca aparecerían formalmente en algún documento que les comprometiese de manera alguna.

Algunos de esos colaboradores optaron por empresas fantasmas y otros por algo más directo, el desvío de los recursos puestos a su alcance por la naturaleza de sus funciones. De esta manera, la autoridad superior, decidiendo a discreción a quiénes se pagaba y a quiénes no, se transformó en un ente invisible, mientras los daños que causaba a la economía del estado se hacían cada día más evidentes. Hoy se sabe, superiores a 35 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, haciendo de Veracruz una región endeudada y ajena al estado de derecho. Javier Duarte cometió, sin embargo, varios errores, como pensar que sustraer fondos del presupuesto público para contribuir a la campaña presidencial de Peña Nieto le permitiría gozar de apoyo futuro para continuar sus siniestros propósitos.

Retomar el control de los recursos públicos para evitar que los diferentes gobernantes estatales prosigan el saqueo constituye una política de gran trascendencia futura, que habrá de mejorar no sólo las finanzas públicas, sino la economía nacional, al impedir que el dinero del erario termine en fondos extranjeros y paraísos fiscales. Desafortunadamente, Peña Nieto y su equipo, conocedores a fondo del tema, en cuanto beneficiarios anteriores de la falla que hoy pretenden corregir, parecen haber decidido que por ahora sean los habitantes de esos estados quienes paguen a corto plazo por los desmanes de sus gobernantes, pues poco o nada han ofrecido a los estados dañados para resolver los acuciantes problemas que ahora enfrentan. ¿Se trata de un desprecio más del grupo gobernante hacia la sociedad en su conjunto? Pronto lo sabremos.

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