Tijuana, BC.

La Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica aprobada hace dos años incluye un apartado que supuestamente evitaría abusos y daños al entorno y a las comunidades donde se realizarán megaproyectos.

Las evaluaciones de impacto social, estipuladas en el artículo 121 de la ley, deben identificar, predecir y valorar los impactos sociales derivados de las actividades del sector energético, así como incluir medidas de mitigación y planes de gestión social.

Por décadas, los grandes proyectos de infraestructura en México se han hecho a costa de los habitantes de las tierras y de su entorno. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y gran parte de la urbanización del oriente de la capital, por ejemplo, atropellaron los derechos de los habitantes del ejido del Peñón de los Baños.

Es el caso de las presas hidroeléctricas de Chiapas, donde fueron desplazadas cientos de personas, en la mayoría de los casos contra su voluntad.

Recomiendan área de amortiguamiento de 3 km

Para corregir esa situación, en la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica expedida en 2014 se estipuló la obligación de evaluar el impacto social de los megaproyectos y ajustarlos para causar el menor daño posible.

Para ello, la Secretaría de Energía creó la Dirección de Impacto Social. Ahora está a prueba con el proyecto de la planta de la gasera Energía Costa Azul, propiedad de IEnova, filial de la estadunidense Sempra.

Los estándares internacionales (y las recomendaciones de los técnicos mexicanos) mandan que se adquiera un área de protección de al menos tres kilómetros a la redonda desde la planta para garantizar que no haya vidas ni propiedades en riesgo.

En 2013, un tanque de mucha menor capacidad que estalló en Puebla causó estragos en un radio de 3 mil metros. Una fuga de gas de un pozo de la propia Sempra en el norte de Los Ángeles, a finales de 2015 y principios de 2016 obligó a desalojar a todos los habitantes en un radio de 3.22 kilómetros.