Buenos Aires.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) que actúa en la causa del atentado a la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA) advirtió que la desarticulada Secretaría de Inteligencia (Side) produjo información útil para la causa, antes y después del ataque a esa institución en julio de 1994, pero no la remitió hasta que se descubrió el año pasado.

El mayor atentado en la historia argentina dejó 85 muertos, centenares de heridos y daños considerables. En 1992 se perpetró un atentado que voló la embajada de Israel ubicada en un barrio residencial.

De acuerdo con el informe los documentos estaban distribuidos en tres depósitos de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –que remplazó a la Side, cerrada a finales de 2014 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)– las direcciones de Inteligencia Antiterrorista y Contrainteligencia y en la ex Dirección de Observaciones Judiciales.

La agencia de noticias estatal Télam señaló que si las cajas con informes se colocaran linealmente formarían una recta de casi dos kilómetros.

La documentación en realidad fue descubierta el año pasado cuando el gobierno de Fernández de Kirchner ordenó una nueva desclasificación de información reservada en el contexto de la causa AMIA, que ha sido constantemente obstaculizada por la insistencia de Estados Unidos e Israel, que desde el día siguiente al atentado ocurrido el 18 de julio 1994, acusaron a Irán sin pruebas, y la persistencia de esta acusación provocó el desvío de información importante.

Esto marcó las irregularidades cometidas en el primer juicio, que dirigió el juez Juan José Galeano, con fuerte intervención de la poderosa Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), que por lo mismo fue cerrado en 2004.

El 13 de septiembre de ese año se creó la Fiscalía Especial (UFI-AMIA), a cuyo frente el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) colocó al fiscal Alberto Nisman, cuya muerte, aparentemente por suicidio, ocurrió en enero de 2015. En la Side trabajaba con Nisman el espía Antonio Jaime Stiuso, separado de su cargo por Fernández de Kirchner a finales de 2014, cuando se decidió cerrar la polémica Side. Stiuso se fue a Estados Unidos para no presentarse a la justicia después de la muerte de Nisman y volvió con la llegada al gobierno de Mauricio Macri.

La desclasificación ordenada por Fernández de Kirchner alcanzó 2 mil 47 carpetas que habían permanecido bajo custodia de la UFI-AMIA, pero, como señala Télam, estaban vedadas a las partes de esa causa. También ordenó la ex mandataria desclasificar toda información referida al caso. El trabajo realizado por los fiscales, después de la muerte de Nisman, reveló que la Side había producido información antes y después del atentado, pero no la incluyó en el envío que había dispuesto la resolución presidencial.

En el cumplimiento de esa orden, la AFI realizó una inspección de sus instalaciones con magistrados y funcionarios de la UFI-AMIA y una escribana de la escribanía de gobierno, informaron los fiscales Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini, lo cual se conocerá en los próximos días.

Al cerrar el informe el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad) creado por la Procuración General había logrado sistematizar 10 mil registros 200 mil fojas que representan una fracción menor de la documentación desclasificada, señalaron los fiscales.

La muerte de Nisman tres días después de presentar una insólita denuncia contra la ex presidenta y el canciller Héctor Timerman, entre otros, por el memorando firmado con Irán al finalizar 2013 para que jueces argentinos fueran a tomar declaraciones a funcionarios iraníes implicados por la Agencia Central de Inteligencia y el Mossad en el atentado, lo que nunca funcionó, intentó ser utilizada por la oposición derechista para crear un escenario golpista contra la ex gobernante.

De esto participaron fiscales y jueces que hoy conforman el grupo de acción judicial ligado al gobierno de Cambiemos y que abren una y otra causa contra Fernández de Kirchner, sin lograr avanzar por falta de pruebas. En estos momentos uno de estos fiscales, Germán Moldes, intentó nuevamente reabrir la denuncia de Nisman, que fue rechazada por un juez y dos cámaras (tribunales), por la falta de delito y graves inconsistencias jurídicas. Nueva apelación y nuevo rechazo. La utilización de la causa AMIA por diversos intereses ha impedido llegar a la verdad.