n legislador panista de apellido Preciado propuso hace poco un reforma legal para que los mexicanos podamos tener armas no sólo en nuestras casas, como ya lo permite el artículo 10 de la Constitución, sino también en vehículos y en negocios; tal propuesta, tan diferente a las que ocupan los tiempos de nuestro Poder Legislativo, generó en las redes sociales y algunos periódicos un efímero pero intenso debate sobre el tema.
Tanto el legislador como muchos de quienes comentaron su original ocurrencia, justifican la posible medida por el incremento de asaltos y crímenes, lo mismo en las grandes ciudades como la capital, que en lugares apartados de los alrededores, en autobuses, en trenes supuestamente bien custodiados y también en inmuebles públicos y privados. La verdad es que hay en la población temor y preocupación; en mi opinión las causas que provocan estos sentimientos son dos, por un lado los hechos delictivos que van en aumento y por otro la ineficacia o complicidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Ciertamente, no todos los mexicanos nos preocupamos en la misma medida y con la misma intensidad; así lo hace notar con agudeza un antiguo amigo, asiduo lector de La Jornada y frecuente colaborador de la mejor sección del diario, que es El Correo Ilustrado; en forma certera explica la diferencia y por ello merece su reproducción. Cabe decir que la trascripción que haré es la tercera que se publica de la carta de Álvaro Aldama Luebbert, la primera en El Correo Ilustrado, la segunda en Astillero, de Julio Hernández López, y la tercera en este artículo. Lo que pasa es que la opinión tan publicada es digna de tomarse en cuenta; dice así: “Un gobierno que teme a su pueblo impide que éste se arme. No tienen calidad moral para opinar en contra de que los civiles se armen, aquellos que tengan escoltas o ‘bono de riesgo’, dado que la mayor parte de nosotros no los tenemos. Lo que ahora ocurre es que el ciudadano que respeta la ley está desarmado y a merced de los pillos o del gobierno agresor, que es lo mismo”.
Lo que escribe y describe mi amigo es muy cierto. En un país de tantas desigualdades la injusticia se refleja no sólo en las fortunas de que pueden disponer las personas en cuentas de banco, buenos vinos, buenos viajes y mansiones de lujo, sino también en los servicios de seguridad con los que unos cuantos se protegen en exceso y el total desamparo en el que se encuentran las mayorías.
En 1789 los franceses que cambiaron la historia del mundo con la revolución en contra de la monarquía y el feudalismo, proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano y en esa histórica proclama que dicen se hace ante la presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, en su artículo segundo afirman que una de las finalidades de la comunidad política que se forma es la resistencia a la opresión
y más adelante que la fuerza pública ha sido instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.
Poco después de esa solemne declaración la Asamblea Nacional expidió un decreto suprimiendo los derechos feudales, entre éstos en especial la exclusividad en favor de los nobles de portar espada y maza; a partir de entonces, decretaron, todos, villanos y burgueses al igual que los antiguos nobles, podrían llevar a la cintura la espada que antes era símbolo y privilegio de caballeros.
En México el artículo 10 de la Constitución de 1857 asentaba que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portan
. El precepto equivalente de la Constitución vigente está por el estilo, por una parte autoriza poseer y portar las armas y por otra remite a leyes secundarias la prohibición imprecisa de las reservadas a las fuerzas armadas y deja a permisos y autorizaciones la portación fuera del domicilio particular.
La verdad es que, en la práctica, los ciudadanos no podemos sin riesgo de arrestos, decomisos y aun cárcel, portar casi ninguna arma; las de fuego salvo calibres pequeños, están reservadas al Ejército y a la Armada y las llamadas armas blancas están prohibidas por reglamentos, bandos de policía y leyes penales.
El oportuno llamado de atención del lector colaborador Álvaro Aldama y el proyecto del legislador Preciado son manifestaciones de la misma inquietud y de la misma molestia; hay inseguridad e intolerable desigualdad. Unos tienen guardias armados, vehículos blindados, alarmas, perros de ataque y cámaras de vigilancia y otros caminan por las calles o viven en sus casas a la buena de Dios.
Lo cierto es que el problema de la delincuencia y de la inseguridad no se combate con más armas, ni más años de cárcel ni con penas más severas. Necesitamos combatir las causas de la violencia que son la injusticia, la desigualdad social y los desequilibrios económicos.
