Las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos federales que por diversos fondos se trasladan a los gobiernos estatales se han incrementado sustancialmente al punto que en la actualidad la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha promovido ya 266 denuncias contra ejecutivos locales que abarcan 26 entidades, en medio de crecientes cuestionamientos públicos de corrupción en estas instancias.

Si en el acumulado histórico –de 1998 a la fecha– la ASF ha in­terpuesto 723 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por acciones u omisiones que presuntamente causaron daños patrimoniales y afectaciones al erario, de las últimas 400 que se han formalizado a partir de 2013, 65 por ciento involucra a los gobiernos estatales. En los hechos, ha sido un factor que ha detonado el incremento de las acciones legales de la ASF, pues las principales desviaciones registradas en las revisiones recientes de cuentas públicas han revelado los malos manejos en los estados.

Sin embargo, los gobiernos locales han comenzado a incurrir en una doble trampa: a fin de cubrir la desviación o ejercicio irregular de las partidas que les son asignadas por fondos federales, han apelado a una simulación de reintegro de los recursos involucrados a las cuentas correspondientes, pero que una vez verificado por la ASF son retirados de las cuentas correspondientes, con lo que el resarcimiento de la falta se anula.

De las 266 denuncias promovidas contra los gobiernos estatales, 88 –casi la tercera parte– corresponden a esta doble irregularidad que ha sido detectada por la ASF. Si bien en esta doble trampa la gestión de Javier Duarte en Veracruz –18 denuncias– tan sólo por este concepto, es la que más ha incurrido, a ella han apelado 12 estados más: Morelos, Tabasco, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato y Zacatecas.

De acuerdo con el desglose de las denuncias penales promovidas por la ASF, las irregularidades detectadas abarcan manipulación de partidas destinadas a fortalecer la seguridad pública, en medio de un crecimiento de la violencia; uso irregular de recursos destinados al sector educativo o bien –sea como apoyo a la infraestructura, respaldo a la instrucción tecnológica–, o anomalías en la aplicación de las partidas para apoyar a los estados al sector salud e incluso los recursos destinados a los programas sociales para enfrentar la pobreza y la desigualdad.

En el concentrado total de denuncias que ha impulsado la ASF, después de Veracruz, que con mucho es el más involucrado, hay cuatro entidades con una importante cantidad de litigios legales ante la PGR: Jalisco (27), Michoacán y Oaxaca (18 cada uno), así como Chihuahua y Morelos (17). De acuerdo con la promoción de acciones legales ante la procuraduría federal, éstas abarcan a administraciones de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Si bien los litigios de la ASF en contra de los gobiernos estatales se han disparado en los tres años recientes, se espera que el incremento todavía sea más acentuado a partir de la revisión del próximo año, debido a la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional ­Anticorrupción.