El conflicto en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 5, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha dividido a la comunidad estudiantil. Por un lado, un pequeño grupo de alumnos del Colectivo de la Asamblea General Interna (Coagi), quienes hace dos semanas cerraron los accesos del plantel, respaldados por algunos profesores y personal de apoyo y asistencia a la educación, insisten en la suspensión de actividades académicas. En tanto, un número más nutrido de inconformes exigen el regreso a clases.

Incluso padres entrevistados no descartan denunciar a los paristas y demandan su expulsión. Nunca nos preguntaron o llevaron a votación el paro de actividades. Fue antidemocrático. Queremos que nuestros hijos regresen a clases. Los están perjudicando.

Por separado, tras condenar las agresiones que sufrieron estudiantes de la voca 5 la madrugada del sábado, organizaciones de derechos humanos de la Red de Alerta Temprana exigieron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del IPN privilegiar el diálogo con los estudiantes y realizar una investigación inmediata, imparcial y objetiva para aprehender a los agresores, reconocidos como miembros de grupos porriles.

Debido a las movilizaciones estudiantiles, el IPN interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) un total de 30 denuncias por motín, despojo y daño al patrimonio federal en contra de estudiantes, muchos de ellos menores de edad.

Las organizaciones de la Red de Alerta Temprana exigieron que no se recurra más al uso de la fuerza con los porros, como forma de eliminar la participación activa de los estudiantes del Cecyt 5 en los asuntos de su institución educativa.

Adrián Ramírez López, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, integrante de la red, explicó que la alerta temprana tiene precisamente el objetivo de prevenir a las autoridades sobre la posibilidad de una nueva agresión de consecuencias mayores contra los estudiantes y demás personas que se encuentran en la vocacional.

Por la agresión del sábado, en la cual cuatro alumnos resultaron heridos, uno de gravedad en una mano, el IPN interpuso una denuncia ante la PGR. En su declaración, el apoderado legal, Jesús de León Sánchez, señaló que uno de los lesionados no pertenece a la institución.

En junio, estudiantes subieron a la plataforma Change.org la petición de destituir a los integrantes del Coagi, pues –argumentan– no representan a los más de 2 mil 800 alumnos, sólo buscan satisfacer intereses personales y realizan paros injustificados o sin ningún objeto, que hacen perder clases, conocimiento y (generan) un desempeño aún más bajo de alumnos que no han podido recuperarse después del paro general del IPN.