El aumento de pobres en México, que pasó de 52.8 millones en 2010 a 55.3 millones en 2014, se explica principalmente por el modelo económico, la concentración de la riqueza y el fracaso en el diseño e implementación de las políticas públicas, que deben ofrecer acceso a la justicia y la igualdad de oportunidades en todas las regiones del país, afirmaron investigadores universitarios.

En conferencia de prensa efectuada en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, Adolfo Sánchez, Iliana Yaschine y César Armando Salazar señalaron que si se quiere cumplir con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implica reducir a la mitad la pobreza para 2030, el gobierno mexicano debe reformular las políticas que ha aplicado hasta la fecha con políticas económicas, fiscales y sociales que generen resultados redistributivos.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Adolfo Sánchez Almanza, investigador titular del IEE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que el combate a la pobreza pasa por elevar el crecimiento económico, y aplicar políticas de derechos y de justicia redistributiva.

Sánchez Almanza destacó que en carencias sociales hay ligeros avances en la cobertura de servicios de salud, educación, vivienda y servicios públicos básicos. Sin embargo, subsisten rezagos en alimentación, empleo, salario real, seguridad social y cohesión social.

Por su parte, Iliana Yaschine Arroyo, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, señaló que para que México pueda cumplir con la reducción a la mitad de la pobreza multidimensional para 2030 se requieren políticas económicas, fiscales y sociales que generen resultados redistributivos.

Para ello se requiere estabilidad económica, mayor crecimiento, más y mejores empleos, recuperación del ingreso laboral y mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores.

Además es necesario ampliar la recaudación tributaria, que ponga las bases para una mayor inversión productiva y social, así como desarrollar una estrategia de política social que permita avanzar hacia la universalización de la salud, la seguridad social, educación, vivienda, servicios sociales y seguridad alimentaria.

Yaschine Arroyo afirmó: Desafortunadamente no se observan señales que hagan pensar que el gobierno camina en este sentido. Por ejemplo: el modelo económico que se ha aplicado en las últimas tres décadas sigue vigente y se experimentaron recortes al gasto social este año, y se han anunciado para el ejercicio fiscal siguiente, lo cual dibuja un panorama sombrío.

Explicó que la pobreza es una clara manifestación del incumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los económicos y sociales. Este fenómeno, añadió, se constituye como uno de los más graves que enfrentamos. La pobreza se asocia con hambre, desnutrición, morbilidad, baja escolaridad, falta de acceso a servicios sociales básicos y a oportunidades de desarrollo económico y social.

Es un fenómeno que no sólo afecta la vida de los individuos en el presente, sino que se reproduce entre generaciones. Además, está intrínsecamente relacionado con las estructuras de desigualdad que caracterizan nuestras sociedades, sostuvo.