El ataque ‘‘artero’’ en el que murieron cinco soldados en Culiacán, Sinaloa, debe ser revisado para ‘‘ver si es necesario reforzar’’ a las unidades del Ejército ‘‘con mayor volumen y apoyo de fuego’’, sostuvo el general brigadier Juan José Juárez Ramos, jefe de Estudios de la Situación Nacional e Internacional del Colegio de Defensa.

Al participar ayer en el seminario La defensa nacional del Estado mexicano, organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Universidad Anáhuac, el general precisó que, en caso de que el alto mando decida reforzar la capacidad de fuego de sus unidades operativas, esto se hará ‘‘bajo ciertas normativas para no incurrir en posibles recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el sistema interamericano’’.

Ante el auditorio formado por militares, civiles, profesores y estudiantes reunidos en la sede universitaria, el general sostuvo que la emboscada ocurrida el 30 de septiembre pasado en Culiacán ‘‘no fue solamente contra las fuerzas armadas, sino contra el Estado’’, el cual ya trabaja de manera coordinada para dar con los presuntos responsables y llevarlos ante la justicia.

‘‘Se ha citado ese caso lamentable del asesinato de militares, compañeros de armas, el pasado 30 de septiembre; nuestros compañeros realizaron lo que marcan las directivas giradas por la superioridad, lo que establece el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos, porque se atendió a una de las personas que, aunque era delincuente, se le detuvo y ya era una víctima; se dio la seguridad, pero la delincuencia organizada, que seguramente no conoce los límites al uso de la fuerza, utiliza armas de mayor calibre y vimos los resultados’’, dijo el general en su intervención.

Agregó: ‘‘Los militares seguimos avanzando’’ en el adiestramiento y enseñanza sobre el respeto a los derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, pero también sería interesante saber ‘‘si esa cultura de derecho internacional humanitario, de respeto a los derechos humanos, si esa cultura del uso de la fuerza, esos criterios para graduar y cuantificar, lo conocen los responsables del sistema de administración y procuración de justicia o las organizaciones defensoras de derechos humanos o aquéllas organizaciones de infractores que cuestionan a las fuerzas armadas, que en lugar de ayudar al país ayudan a sus propios intereses’’.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, después de participar en la mesa Uso legítimo de la fuerza, el general fue interrogado sobre qué acciones adoptará el alto mando ante el hecho de que los grupos de la delincuencia organizada utilizan cada vez más armas de fuego de alto calibre. A lo que respondió:

‘‘¿Qué hacemos nosotros los militares? Invariablemente nos mantenemos en permanente adiestramiento y capacitación, utilizamos estas operaciones para mejorar nuestros sistemas de seguridad, de protección como pequeña unidad, de inspección; (nos sometemos) al adiestramiento más estricto para no volver a caer en ese tipo de situaciones; es parte de nuestra doctrina militar.

‘‘Se debe analizar si hubo errores, si hubo aciertos y cuáles, para garantizar a cada soldado que vamos a seguir adelante. Fue una baja fundamental de nosotros. Nosotros seguimos adelante por ustedes, por los ciudadanos, por México.’’ Además, subrayó que se debe continuar con la política de control de armas.