La Asamblea Legislativa local (ALDF) aprobó trasladar a la Secretaría de Movilidad (Semovi) la operación de los sistemas de cobro de estacionamiento en vía pública (parquímetros) que tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda por conducto de la Autoridad del Espacio Público (AEP).

La finalidad de esta reforma, señala el dictamen aprobado, es reforzar la política que pondera los derechos del peatón por encima del vehículo particular, impulsada por la Semovi.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Local y a la Ley de Movilidad, promovidas por la fracción del Partido Acción Nacional, suprimen además la facultad del titular del Ejecutivo local para asignar esa función a cualquier otro ente público.

El dictamen se aprobó con 30 votos en favor y 17 en contra de la bancada de Morena, que cuestionó la falta de transparencia con la que se han manejado los ingresos de dichos dispositivos de cobro por parte de la AEP y el riesgo de que esta situación no se corrija en la Semovi.

Al presentar en tribuna el dictamen a nombre de las comisiones unidas de Administración Pública Local y de Movilidad, la diputada del PAN Wendy González Urrutia sostuvo que la Semovi debe contar con facultades plenas para proponer alternativas en el uso de las vías públicas que permitan agilizar el tránsito y reducir los índices de contaminación.

De allí, agregó, se desprende de forma lógica que la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México no podría cumplir con las atribuciones referidas de no contar con capacidad jurídica en las políticas, planes y programas sobre estacionamientos en la vía pública.

El dictamen, turnado al Ejecutivo local para su publicación señala que corresponde a la Semovi determinar las zonas de parquímetros en las que podrán instalarse estos dispositivos; así como establecer las características técnicas de los dispositivos e instrumentos para el control de estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento; su instalación, operación y mantenimiento por sí o a través de terceros.

Los artículos transitorios señalan que los permisos y concesiones suscritos por la Seduvi o la AEP con particulares antes de la entrada en vigor de la reforma subsistirán hasta el cumplimiento de su fin u objetivo, y fija un plazo de 30 días al jefe de Gobierno capitalino para ajustar la reglamentación y programas correspondientes.