l 23 de octubre de 2016, Día del Médico, un incalculable número de equipos nacionales de salud volverán a tomar la calle y alzar su voz. En una infinidad de ciudades, esos médicos, enfermeras y profesiones afines que brindan directamente el servicio y dan la cara a la ciudadanía manifestarán, otra vez, que las políticas de salud del peñismo subsisten a la zaga de lo que esa ciudadanía demanda y que ellos, como profesionistas, pueden ofrecerles ¡ya!, para mejorar los procesos directos de atención.
Esas políticas peñistas, demagógicamente universales
, no cumplen con los parámetros de suficiencia de personal capacitado y motivado, así como de los medios disponibles para brindar la debida atención recomendados por las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS). Tampoco amplían el catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI. Al contrario: lo reducen. Pero, sobre todo, no articulan una propuesta para un mejor vivir con otra calidad de vida, capaz de prefigurar otra política de salud integral, más allá de atender daños al cargo del frente curativo. Otra política que detone vida sana y no sólo atención de la enfermedad.
Pero el doctor José Narro Robles, desde la Secretaría de Salud (Ssa), insiste en universalizar
intervenciones acotadas a la baja para garantizarle un final a la demagógica propuesta sexenal de seguridad social universal
: el Acuerdo nacional hacia la universalización de los servicios de salud, signado el 7 de abril de 2016. Es claro que esa iniciativa sólo universalizará
carencias: es una universalidad
de 100 intervenciones e incapaz, por su propia concepción y diseño, de ser efectivamente universal. Apenas suma intervenciones excedentes mediante el intercambio de servicios entre instituciones.
La universalidad que requieren los mexicanos del siglo XXI –una sólida demanda ciudadana– no cabe en el proyecto restringido de Enrique Peña Nieto para parchar su fin de sexenio. Le falta toda la integralidad y toda la consulta social. Es un proyecto para terminar una administración. No expresa ni recoge las necesidades sociales. Vuelve a imponer lo que su administración, como las que lo antecedieron, ha decidido –junto con los intereses– como el negro futuro de la salud y la seguridad social de la siguiente generación.
Ante esta parchada iniciativa gubernamental, las profesiones proponen nuevamente: 1) diálogo público vía una mesa de trabajo bilateral –sin intermediarios– entre representantes de los trabajadores a escala nacional y las autoridades centrales de IMSS-Issste-Ssa para discutir y analizar las debilidades del sector y, simultáneamente, construir un proyecto viable que tenga como cimientos la satisfacción de demandas específicas; 2) basificación efectiva e inmediata de todas (os) los trabajadores de contrato temporal respetando el artículo 123 constitucional, apartado B, para mejorar las condiciones de trabajo con respeto pleno a los derechos y garantías laborales que, necesariamente, pasa por garantizar suministros y provisión de equipo, medicamento, materiales de consumo, logística, sin olvidar el incremento de recursos humanos, vía la creación de nuevas plazas de base, para dar satisfacción al incremento de la demanda; 3) garantizar el derecho a la salud como obligación del Estado mexicano administrando de mejor manera el gasto público frenando, así, la universalización; 4) detener la desarticulación de la seguridad social y las asociaciones publicó-privadas, así como la subrogación de los servicios que precarizan el trabajo con la terciarización; 5) retiro inmediato de la iniciativa presidencial (28 de abril de 2016) que confiere atribuciones punitivas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y crea la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica; 6) se solicita al Estado mexicano el respeto a los artículos 5 y 123 constitucionales para disponer de las medidas necesarias y así garantizar la seguridad e integridad física de las (os) trabajadores de la salud y a sus pasantes, con énfasis especial de aquellas zonas de alta peligrosidad; 7) revisión inmediata, replanteamiento y actualización del catálogo sectorial de puestos y funciones con sus profesiogramas para su adopción contractual universal en el sector público y privado, con el consecuente incremento real al salario base y a las becas de los pasantes del servicio social de todas las ramas, grupos afines, profesionales y técnicos. Fortalecimiento y adopción universal del programa de profesionalización para la rama de enfermería y grupos afines. Firma inmediata del convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del gobierno mexicano y 8) con base en el artículo 16 constitucional, el cese inmediato a la represión y la persecución de trabajadores –por parte del Estado mexicano y las burocracias sindicales– que se oponen a las políticas que atentan contra el derecho a la salud y la seguridad social –incluyendo a los firmantes del Pliego Nacional de Demandas– con la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos por estos motivos.
El Pliego Nacional de Demandas está arropado, desde Dublín, Irlanda, por una veintena de sindicatos agrupados en la Unión Global de Enfermeras. De cara al desafío sanitario mexicano, la universalidad
no reclamada del peñismo opera en el marco de la verdadera agenda transexenal de largo plazo articulada por Funsalud-OCDE: Estudios OCDE sobre los Sistemas de Salud, México, 2016. Para ella, al futuro de las profesiones sólo les aguarda una comisión para victimizarlas y una estabilidad laboral en entredicho.
¿Qué programas y propuestas partidarias agregarán los candidatos a la jornada electoral de 2018? ¿Escucharán las voces y precisas demandas del frente operativo del sector salud? ¿O, como Meade, se limitarán a reditar la regresiva reforma macro de Funsalud-OCDE?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
