La detención del ex jefe policiaco de Iguala Felipe Flores Velázquez es muy relevante no sólo para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también para asegurar que todos los implicados en esta desaparición forzada sean llevados ante la ley, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

El funcionario, junto con sus pares de la cancillería y de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido el principal enlace entre el gobierno federal y los familiares de las víctimas.

Es una muy buena noticia para los padres (de los jóvenes desaparecidos), que han visto en esta detención una esperanza para poder tener más información, dijo Campa Cifrián.

Los familiares y sus representantes se han reunido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien han solicitado y/o sugerido alternativas para fortalecer la investigación, ampliar la búsqueda y atender a los afectados.

En todos los planteamientos, aseveró el subsecretario, ha habido respuestas cien por ciento positivas.

Una de las prioridades, dijo, es tener la garantía de llevar ante la justicia a todos los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, en los hechos ocurridos en septiembre de 2014, cuando policías municipales los entregaron a un grupo criminal de la región.

Por eso es importante esta detención. Felipe Flores Velázquez es una persona que jugó un papel muy relevante, dijo en entrevista, al término de una reunión con los responsables de implementar programas de derechos humanos en cada entidad del país.

A poco más de dos años del suceso con repercusiones nacionales e internacionales, el subsecretario de Derechos Humanos subrayó que la única intención del gobierno federal es la aclaración total, para determinar y procesar a los responsables de esta agresión.

Durante la reunión con sus homólogos estatales reiteró que la problemática de las desapariciones en México (actualmente hay un registro de poco más de 28 mil personas no localizadas) es el principal reto que enfrenta el Estado mexicano. Tenemos que ser capaces de terminar de una vez por todas con las desapariciones.

Otros objetivos prioritarios se refieren a “la abolición de las prácticas de tortura y abuso de la fuerza pública; la defensa de periodistas y promotores de derechos humanos; la regulación de los flujos migratorios, con pleno respeto a los derechos de los extranjeros, y atender la violencia de género, admitió.