Decenas de organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno mexicano cumplir las 14 recomendaciones que le hizo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la aceptación parcial que el Estado hizo de las mismas no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por el organismo internacional y sus diversos mecanismos, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las organizaciones no gubernamentales resaltaron la urgencia de romper el círculo de impunidad –como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del estado de derecho, la seguridad y el respeto a las garantías fundamentales de la población– con la creación de un consejo nombrado por reconocidos expertos en derechos humanos para asesorar al gobierno, realizar un diagnóstico y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias.

Además, consideraron imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo, a disposición de todos los órganos de la administración de justicia.

También demandaron la pronta aprobación de leyes generales contra la tortura y la desaparición forzada, acordes con el derecho internacional y en las cuales para su elaboración se tome en cuenta la opinión de las víctimas.

Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de estas recomendaciones, recordando que la ley general contra la tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la ley general contra las desapariciones forzadas sigue pendiente en el Senado.

Las agrupaciones igualmente subrayaron la urgencia de crear un registro nacional de toda detención y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad.

“Reiteramos que las recomendaciones formuladas por la Organización de Naciones Unidas muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padecemos, ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) y la propia CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en ocasión de su visita al país.

Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana, sino a los organismos internacionales, subrayaron agrupaciones como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Paso del Norte, Cencos y Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, de entre una larga lista.