Los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) advirtieron que el rezago en trámites y juicios no se podrá abatir en un periodo corto.

Esta situación, indicaron, es más grave en la juntas locales, por lo que se complicará no sólo la puesta en marcha de los pretendidos cambios legales en la operación de este ámbito, sino los asuntos ordinarios, incluso bajo las normas actuales.

Los integrantes de las juntas son quienes atienden a los trabajadores en problemas: despedidos o afectados por algún criterio patronal. En las juntas de conciliación, ahora dependientes de los gobiernos estatales o federal, se desahogan todo tipo de trámites, audiencias y sentencias.

A partir de una iniciativa de reforma elaborada por el Ejecutivo (gobierno federal), el Senado aprobó hace 10 días cambios que significan, entre otros puntos, que la impartición de la justicia del trabajo (individual y colectiva), pase al Poder Judicial de la Federación y los estados.

Sin embargo, los empleados actuales de la JFCA no confían en la promesa gubernamental acerca de que no resultarán afectados.

La reforma se encuentra en la Cámara de Diputados para su eventual ratificación. Los empleados piden a los legisladores que acudan a las juntas y constaten personalmente las carencias estructurales, de trabajadores y salarios.

La diferencia de sueldos entre el presidente de la junta federal y el personal especializado de base es de 100 mil pesos al mes, señalaron.

Hay 500 mil trámites en curso ordinario y en rezago. Hay atrasos no sólo de la reforma laboral de 2012 a la actualidad, sino expedientes incluso de 1994 y 1995, advirtieron.

El rezago, afirmaron, no es imputable a la eficiencia o no del personal de las juntas, sino derivado de los propios cambios tecnológicos en los centros de trabajo, que han provocado un alud de procesos y demandas.

Si bien suspendieron el paro laboral iniciado el jueves pasado –se espera que este lunes reanuden labores–, exigen respeto a su fuente de trabajo, así como la certeza de que después de 2019, una vez concluida la pretendida transición, seguirán teniendo empleo.

Señalaron que el gobierno y partidos buscan cambios legales, pero el diseño de los mismos se dio sin atender y proponer soluciones efectivas al rezago actual, así como de las condiciones en que quedarán miles de empleados en todo el país.

No será suficiente, agregaron, la depuración a partir de retiros voluntarios o jubilaciones.

Para atender esta situación se integró una comisión de trabajadores y funcionarios de alto nivel de la Secretaría del Trabajo, la cual se reunirá nuevamente el próximo 3 de noviembre.