Colima, Col.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) encontró a 283 trabajadores con horarios incompatibles en dos nóminas del gobierno del estado. Entre ellos se encuentra Fernando Cruz García, coordinador de Comunicación Social del mandatario, Ignacio Peralta.

Según la auditoría excepcional practicada a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, los 283 trabajadores tenían plazas y horarios asignados en varias dependencias del gobierno y al mismo tiempo aparecían en la nómina magisterial de la Secretaría de Educación.

Por ejemplo, Fernando Cruz García, quien era jefe de prensa en el gobierno de Mario Anguiano Moreno (2009-2015), tenía un horario de 8:30 a 16:30 horas, y en los tres años percibió 980 mil 843 pesos. Al mismo tiempo, cobró 141 mil 944 pesos como docente en la Dirección de Educación Pública, con un horario de 8:30 a 10:30 horas.

También aparece Guillermo Rangel Lozano, ex secretario de Educación Pública del estado, con tres salarios: 227 mil pesos como supervisor de secundaria, 1.6 millones como secretario y 827 mil como comisionado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Otro caso es el de Martín Flores Castañeda, quien cobró 2.5 millones de pesos como jefe de departamento y al mismo tiempo era diputado local.

El ex delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Ernesto Pasarín Tapia cobró 118 mil pesos como docente en la primaria Mario Anguiano, así como 256 mil en un plantel de Bachillerato Pedagógico, mientras ocupaba el cargo en la dependencia federal.

Armando Zamora González, titular del Osafig, explicó al Congreso que las dependencias mencionadas entregaron información sobre los horarios de los empleados bajo sospecha.

Aclaró que eso no significa que no hayan desempeñado los cargos señalados. Pudo ser, dijo, que prestaran sus servicios en un horario distinto al reportado, que estuvieron comisionados u otras explicaciones.

No obstante, desde 2013 la reforma educativa prohíbe las comisiones en el sector.

El Osafig solicitó a la Contraloría General del gobierno estatal y a la Secretaría de Educación que investiguen y, en todo caso, demanden la devolución de los pagos no devengados.