Madrid.

Mariano Rajoy, en calidad de líder del conservador Partido Popular (PP) y aspirante a la relección de presidente del gobierno, inició este miércoles la sesión de investidura con un discurso conciliador con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal partido de la oposición, y con su socio, Ciudadanos. El mandatario en funciones se presentó a la sesión parlamentaria con la seguridad de que en esta ocasión sí saldrá adelante su investidura, gracias a la abstención del PSOE en la segunda votación, que sólo exige mayoría simple.

En agosto pasado, después de las segundas elecciones generales en menos de un año en España, Rajoy se presentó ante el Congreso de los Diputados para ser investido. Fracasó porque sólo logró cosechar los votos de su partido, 137, Ciudadanos, 32, y la diputada de Coalición Canaria (CC). Mientras que el resto de los grupos votaron en contra, y no alcanzó la franja de la mayoría absoluta que es de 176.

En las últimas semanas la política española ha vivido momentos de mucha turbulencia, sobre todo en el PSOE, que además de provocar la dimisión de su anterior candidato y secretario general, Pedro Sánchez, decidió el pasado domingo en un histórico Comité Federal facilitar la gobernabilidad en España con su abstención. Es decir, darle la llave del gobierno a su hasta ahora principal adversario, el PP, y a Rajoy, el político al que han señalado en los últimos años como el principal responsable de los recortes, el empobrecimiento de la sociedad y la anulación de derechos históricos, sobre todo en materia laboral.

Rajoy, que a diferencia de la anterior legislatura que gobernó con mayoría absoluta, deberá asumir un gobierno en minoría, lo que lo obliga a pactar todas sus iniciativas, presupuestos incluidos, con otras fuerzas. Los acuerdos con Ciudadanos y CC son sólo para investidura, mientras el PSOE únicamente se comprometió a facilitar la investidura, pero advirtió que haría una dura oposición.

Consciente de esta situación, Rajoy tendió la mano y se ofreció a dialogar una y otra vez con todos los grupos. Si bien advirtió: no exagero ni un ápice si afirmo que la inestabilidad política se ha convertido a los ojos de cualquier observador en el mayor riesgo para nuestra economía. Hoy se alaban nuestros esfuerzos para dejar atrás la crisis, se valoran nuestras reformas para recuperar la competitividad, se reconocen los efectos de nuestra lucha contra el desempleo. Lo reconocen todos y en todas partes. Pero, a renglón seguido, se nos advierte que los nubarrones que empañan un horizonte esperanzador son la incertidumbre política y la parálisis institucional.

El líder del PP, acosado por casos de corrupción, añadió que Espanña necesita un gobierno, como ocurre en el resto de los países del mundo. No podemos estar indefinidamente en funciones, ni repitiendo elecciones cada seis meses. Esto no es vivir en una situación de normalidad. No conviene a nadie y acaba por lesionar los derechos y los intereses de todos. De hecho propuso un gobierno de amplia representación, en el que también estuvieron Ciudadanos y el PSOE.

Rajoy, que en la anterior legislatura rompió los puentes de diálogo con la mayoría de las fuerzas políticas, ahora insistió en la nueva realidad española, sobre todo en el Congreso de los Diputados, fragmentado en cuatro bloques. Debemos asumir la necesidad de diálogo, no como un peaje incómodo, sino como una oportunidad de consolidar reformas amplias y duraderas; dejar también al lado las consignas propias de la pugna electoral para avanzar en el diseño de las soluciones a los problemas.

La réplica del discurso del resto de líderes será este jueves, cuando se realizará la primera votación, que los rechazará. La sesión se retomará el próximo sábado por la tarde, cuando finalmente saldrá adelante la investidura con la abstención del PSOE. También se anunciaron movilizaciones de protesta en las inmediaciones del Congreso ante lo consideran un golpe de régimen, que están siendo apoyado y alentado por la tercera fuerza, Podemos.

Horas antes de la sesión, miles de estudiantes se volcaron a las calles en varias ciudades en rechazo a un ley educativa que impone un polémico examen, sin cuya aprobación no se extenderán los certificados a los jóvenes de secundaria aunque hayan obtenido calificaciones satisfactorias en todos los cursos.