abemos que el Ejecutivo federal presentó una propuesta de presupuesto que afecta aspectos esenciales y vitales del desarrollo social. Lo que nunca ha explicado el gobierno federal es por qué se prefiere dañar ámbitos vitales y no otros menos sensibles para los mexicanos. Se dejan en ceros algunos programas extraordinarios de las universidades que sirven para ampliar la matrícula y aminorar pasivos laborales y problemas financieros. Además, se aplican medidas agresivas contra ellas en caso de adeudos a Hacienda. Es el contexto que explica la crisis que sufre la Universidad Utónoma de Zacatecas (UAZ). Se debe ser muy osado en la gestión: estrategia política, institucional y de negociación.

La estrategia política incluye desde pactar acciones con los sindicatos, alianzas con otras universidades del país con problemas parecidos e, incluso, consensuar acciones con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y con todas las bancadas parlamentarias para influir en la poderosa Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde, a su vez, se debe actuar con legisladores zacatecanos y líderes de todas las fracciones. Al mismo tiempo que se recurre a los representantes populares, se puede obtener consentimiento de empresarios, líderes sociales, alcaldes, sindicatos y demás actores sociales de la entidad que ayuden a hacer presión al gobierno federal para que respete el derecho de los zacatecanos a tener una universidad estable. En lugar de ello, ¿toda su astucia se reduce a hacerse acompañar del gobernador y pedir audiencia con el secretario de Hacienda?

La fecha límite para aprobar el presupuesto de 2017 es el 25 de noviembre. Hay poco tiempo para operar. El esquema de negociación también se ve débil. ¿La oferta a la Secretaría de Hacienda es el plan de austeridad de 23 puntos? Se parece al plan del gobierno estatal, que pretende ahorrar 50 millones (o sea, nada). El rector de la UAZ debe hacerse de buenos asesores y armar un plan ya.