La Ley General de Víctimas, aprobada en comisiones del Senado, es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis que vive el país en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización, denunciaron diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas.

En una severa crítica a las reformas ya avaladas y cuyo dictamen está próximo a discutirse en el pleno senatorial, se asegura incluso que estas modificaciones representan importantes retrocesos respecto de la designación de los funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la estructura misma del organismo.

El Poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y de favor de las víctimas, cambie, señalan en un pronunciamiento más de 30 organizaciones y colectivos.

Además, reprochan que el sentido de las reformas propuestas consolide, en la ley y en los hechos, la dependencia y operación política de la CEAV por parte de la Secretaría de Gobernación, pues el dictamen avalado por las comisiones indica que sea ella quien presida la junta de gobierno, conformada en su mayoría por autoridades –cuatro secretarios de Estado y el presidente de la CEAV, designado por el Ejecutivo federal–, sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la materia.

Esta sola situación, añaden, deja a las víctimas y a los expertos en el tema sin la suficiente capacidad para vigilar y supervisar su funcionamiento y proponer acciones que favorezcan la efectiva puesta en marcha de los derechos reconocidos en la ley.

Reconoció que si bien la reforma pretende reducir en parte la estructura y los procesos burocráticos que han impedido por completo el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, es sumamente preocupante que no se haya modificado la esencia del problema y se siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político.