Senadores del PRD interpusieron una demanda de amparo ante un juzgado de distrito en materia administrativa, con miras a que se reconozca su derecho a renunciar al fuero constitucional.

El perredista Armando Ríos Piter fue el responsable de presentar el recurso, que signan los integrantes de su bancada, encabezados por el coordinador Miguel Barbosa, a fin de continuar con el litigio, dado que la mesa directiva del Senado rechazó la solicitud que formularon de que les sea retirada la inmunidad.

La intención, expuso en entrevista, es dejar claro que la propia Constitución establece el derecho de que les sea retirado el fuero, al que decidieron renunciar, porque consideran que se ha convertido en un lastre y en un instrumento de impunidad.

Agregó que la ciudadanía ve mal el fuero y es uno de los motivos que alejan a los políticos de la gente, ya que en muchas ocasiones se usa para evadir a la justicia en casos de corrupción y otros ilícitos. Los senadores del PRD queremos estar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

Ríos Piter agregó que buscan que el Poder Judicial les reconozca el derecho de renunciar a esa canonjía, para sentar así el precedente de un equilibrio sano de poderes.

El legislador explicó que presentaron ya una iniciativa encaminada a retirar el fuero a todos los servidores públicos, que no se ha dictaminado y por ello paralelamente decidieron comenzar esta batalla jurídica.

Ríos Piter expuso que es un hecho inédito, ya que no existen antecedentes de que un grupo de senadores hayan emprendido una solicitud similar ante el Poder Judicial de la Federación y lo hicieron porque no están de acuerdo con la respuesta de la mesa directiva del Senado, de que no tiene facultades para retirar el fuero.

Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró.

Explicó que el fuero fue diseñado como un instrumento para defenderse del autoritarismo en el siglo pasado, pero las condiciones actuales son distintas, ya que hay mecanismos a través de la nueva condición de justicia penal, como la presunción de inocencia, que no opera sólo para los políticos, sino para todos los ciudadanos.