Organizaciones sociales, el Sindicato Minero y activistas como el padre Alejandro Solalinde denunciaron en el Senado que desde el gobierno federal se protege y permite la impunidad del empresario minero Germán Larrea, quien no ha cumplido con los compromisos para remediar el grave daño ambiental provocado por los derrames tóxicos de una de sus empresas en dos ríos de Sonora.

Acompañados por la senadora Layda Sansores, del PT, anunciaron que expertos internacionales en daños ambientales, entre ellos Mario Perin y Jana Lukacova, realizarán un estudio en los municipios afectados por el derrame de la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, en las cuencas del río Bacanuchi-Sonora, hace dos años, pero que aún tiene efectos en la salud y la economía de habitantes de Cananea y Hermosillo.

Moisés Acuña, secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, dijo que, de acuerdo con un estudio reciente de la UNAM, la contaminación provocada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de tóxicos y metales pesados en el río Sonora se extiende de Cananea a Hermosillo, sin que se obligue a Larrea a cubrir los daños.

Dos años después siguen sucios los ríos Bacanuchi y Sonora y sus afluentes, porque no se ha hecho la remediación a fondo, no se ha dado la atención médica a la población y la reparación de daños es a medias, recalcó, e hizo notar que nadie responde cuando se pregunta por qué no se castiga al Grupo México.

Por su parte, Alfredo Rojas Díaz Durán, representante de una organización de defensa de derechos humanos, dio a conocer las demandas de integrantes de los municipios afectados, para que Larrea pague el costo de reparación de los ríos, la instalación de las plantas tratadoras de agua y la construcción de un hospital epidemiológico, con personal capacitado para atender a los enfermos por la contaminación de ácido sulfúrico y los demás metales derramados en los ríos.

Comentó que pese a que se trata de una tragedia ambiental, que afectó el equilibrio ecológico y la población, cuyo alcance aún no se conoce, el Grupo México sostuvo en su informe a la Bolsa Mexicana de Valores, en 2015, que el siniestro está superado. Al mismo tiempo, agregó, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se muestra omisa y complaciente.

Las organizaciones, dijo, demandan que se suspenda la actividad de Grupo México en Cananea hasta que Larrea cumpla con sus compromisos para resarcir los daños. El padre Solalinde expuso que le consta los efectos en la salud de habitantes de ese municipio, como graves enfermedades en la piel de niños, entre otras.