La iniciativa presidencial para separar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) el Fondo Nacional de Pensiones (Pensionissste) debe revisarse con detenimiento, ya que perjudica a los burócratas, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado.

Entre otras cosas, se elimina la responsabilidad del gobierno federal en caso de que se lleguen a perder los fondos de las cuentas individuales, o que se generen pérdidas en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro.

El IBD destaca que la minuta que se discute en el Senado propone conservar el régimen de beneficio definido, que no ha mostrado resultados favorables ni para los trabajadores ni para el régimen de pensiones del país.

Ese régimen permite a los trabajadores elegir entre dejar sus recursos invertidos en créditos a cargo del gobierno federal, en el Banco de México o transferirlos a la nueva administradora. Sin embargo, no existe una estrategia que permita asignar una mayor parte del ingreso de los empleados para esta prestación.

Los riesgos

De acuerdo con la minuta, todos los bienes, derechos y obligaciones del Pensionissste pasarán a la nueva empresa administradora, que determinará en dónde y cómo invertir los fondos de los trabajadores, y puede decidir el nivel de riesgo que considere conveniente, con lo que el ahorro se volvería vulnerable a los cambios del sistema financiero.

En el estudio se advierte asimismo que se disminuye el número de representantes de los trabajadores en el consejo de administración y en la administración del Pensionissste, además de que los hace depender de las decisiones de la Secretaría del Trabajo.

Se mantiene el número de representantes laborales que tiene la ley vigente (nueve), pero se establece a que el Ejecutivo federal determinará a las organizaciones de trabajadores que podrán intervenir y sólo tendrán tres posiciones; las otras seis serán para consejeros independientes designados libremente por el Ejecutivo.

Se requiere una solución integral, que analice y discuta el modelo de desarrollo de la economía nacional y permita una mejora real en las condiciones presentes y futuras de todos los trabajadores y sus familias en el país, subraya el IBD.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián González, señaló que la minuta de reforma en materia de justicia laboral obedece a presiones foráneas por mayor transparencia, más que a la voluntad gubernamental por eliminar las prebendas de los sindicatos corporativos, consideró.

En entrevista, la legisladora por Morena expuso que uno de los temas medulares de la propuesta presidencial, aprobada ya por el Senado, apunta a que los trabajadores van a poder tener el voto secreto, aunque su aplicación va a ser difícil, porque los sindicatos, “sobre todo los charros”, se resisten a ese mecanismo, pues pone en riesgo su permanencia.

La diputada Damián agregó que otra parte importante de esa reforma constitucional es que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, porque a final de cuentas el gobierno federal estaba metidísimo en el conflcito laboral. El punto es quiénes van ser los jueces, y que no sean elegidos por los partidos políticos.