La Policía Federal (PF) pagó entre 2015 y 2016 más de 380 millones de pesos por concepto de indemnizaciones por la pérdida de juicios de carácter laboral, ante demandas realizadas por agentes que fueron cesados porque presuntamente no acreditaron los exámenes de control de confianza o incumplieron alguna de las reglas de permanencia en la corporación, pero que acreditaron haber sido despedidos de manera injustificada.

Entre 2011 y 2015 la PF despidió a más de 2 mil agentes y entre las causas más comunes está no haber acreditado alguna de las pruebas de confianza, entre ellas exámenes sicológicos, médicos, del polígrafo o de entorno económico.

De acuerdo con información de la corporación, entre 2014 y 2015 cientos de agentes que fueron despedidos entre 2011 y 2013 obtuvieron sentencias favorables a sus demandas y la corporación federal fue condenada al pago de una indemnización, y en ningún caso por disposición constitucional pudieron ser reinstalados en su cargo, ya que el apartado B del artículo 123 señala que aunque ganen sus demandas ya no serán recontratados.

Por esa razón, en 2014 la Policía Federal tuvo que pagar 10 millones 70 mil 977 pesos, y en 2015, 230 millones 793 mil 203 pesos por indemnizaciones. De enero a julio de este año la corporación no ha sido sentenciada a pagar por despidos injustificados; sin embargo hay más de 200 juicios en curso.

A ese respecto, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, ha señalado que es necesario modificar el apartado B del artículo 123 de la Constitución, porque resulta inconstitucional, anticonvencional y discriminatorio para todo el personal de las áreas de seguridad.

Considero que debemos hacer un replanteamiento de los exámenes de confianza, sostuvo, y añadió que la prueba que se considera más importante actualmente es la del polígrafo, aunque debería ser la del entorno económico de los agentes”.