Buenos Aires.

La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó este lunes –rodeada de miles de manifestantes– ante el juez Julián Ercolini, quien la citó para interrogarla en una de las tantas causas creadas en su contra, y aseguró que se trata de una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático, calificó de disparate mayúsculo esta causa y pidió la nulidad de la indagatoria.

La causa se basa en las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública destinada a enriquecer al empresario Lázaro Báez, quien se encuentra detenido ilegalmente. La ex mandataria (2007-2015) advirtió que la citación es una maniobra de distracción para tapar el desastre económico y social de diez meses de gobierno del derechista Mauricio Macri.

Declaró que el actual presidente busca tapar el sol con la mano y trata de esconder lo que es un verdadero desastre.

Sostuvo que desde 1994 son las provincias las que llaman a licitación, y destacó que durante su gestión las obras fueron autorizadas por el Congreso y tuvieron el visto bueno de la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Revisora del Parlamento.

Agregó: “Si éramos una asociación ilícita (como dice el juez), este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de la luz, o del gas… genera terror entre la gente”.

Ercolini pertenece al grupo de jueces y fiscales a los que se mencionan como miembros del partido judicial que intentaron incluso llevar a la vía judicial la destitución de Fernández de Kirchner cuando gobernaba. Es decir, era un declarado opositor que actuó contra ella, por lo cual éticamente debería abstenerse de juzgarla.

Por otra parte, la ex presidenta demandó hace meses realizar una auditoría general de las obras públicas, ya que Báez era sólo uno de una lista de empresarios que realizaron estos trabajos, entre los cuales también figura Angelo Calcaterra, un primo de Macri que manejó y maneja empresas conjuntamente con el actual presidente y que está muy por encima de Báez en la lista de los más favorecidos.

Calcaterra fue uno de los que más fondos de obra pública recibió durante su gestión, dijo la ex presidenta, al indicar que en varias de las obras que realizó fue asociado con Báez.

No puede ser que se revisen sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresa, aseveró la ex mandataria, y destacó que no es amiga ni socia comercial de Lázaro Báez, y que durante su gobierno se duplicaron las empresas de obra pública para desarrollar obras en todo el país. Por su parte, Báez también había declarado que no tenía amistad ni relación con Fernández de Kirchner, sino con el ex presidente Néstor Kirchner.

En estos días aparecieron comunicaciones telefónicas de otro de los jueces que persiguen a la ex mandataria, Guillermo Marijuan, quien relataba a otra persona cómo presionó a los hijos de Báez diciéndoles que su padre iba a tener una larga condena, para convencerlo de declarar contra Cristina Fernández. Más aún, utilizó el término “quebrar a Báez” para que declare y poder hacer un gol histórico que sería detener a Fernández de Kirchner.

Precisamente la ex presidenta mencionó también la denuncia judicial que se hizo en estos días por el hecho de que a una empresa de Calcaterra se le encargó una multimillonaria obra pública por parte del gobierno de la alianza Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires.

Al calificar de disparatada esta causa en su contra, Fernández de Kirchner sostuvo: Me acusan de ser la jefa de una obra pública, esta es una persecución mayúscula a mi persona, ya que, como dijo, tenía las aprobaciones indispensables.

Aseguró que la causa en su contra es una una maniobra de persecución política y hostigamiento mediático que no es original, la vemos también en Brasil, con el ex presidente Lula, en alusión al ex presidente izquierdista de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

Los miles de militantes que se acercaron a acompañarla se encontraron con un impresionante dispositivo de seguridad, que al final actuó duramente y provocó lesiones a la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, quien como otros legisladores de ese partido, se congregó junto a la militancia para apoyar a la ex gobernante.

Una cantidad de carteles desplegados acusaban a Macri y a Jorge Lanata, cuyo trabajo para el mediático Grupo Clarín consiste en inventar causas contra la mandataria, sus familiares y los ex funcionarios de su gobierno, agregando insultos degradantes que, además, abordan una cuestión de género contra una mujer que fue presidenta en dos periodos, elegida por la voluntad popular.

A la salida de los tribunales, la ex presidenta tuvo que bajarse de su automóvil para impedir que reprimieran a los militantes que la acompañaron. Armaron un esquema de represión y cuando estaba saliendo el auto de Cristina empezaron a forcejear con la gente, describió la diputada Di Tullio, quien terminó con la blusa rota por los policías, y relató que se volvieron locos y comenzaron a golpear con bastones a los manifestantes.

El portal El Destape advirtió este domingo sobre los preparativos del juez Claudio Bonadío, quien acumula causas para tratar de atrapar a Fernández de Kirchner sin pruebas y sin motivos, para allanar la casa de la ex mandataria en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Esto es un revanchismo nunca visto, denuncian los periodistas. A la ex presidenta se le han embargado los bienes declarados y también a su hija Florencia y hasta la pensión de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, algo tan irracional que en este caso tuvieron que dar marcha atrás.