Los magistrados salientes del tribunal electoral suelen responder que sus sentencias hablan por ellos. Este jueves, tras haber resuelto más de 59 mil 500 asuntos, cierran un periodo en el que, según estudiosos de sus resoluciones, hubo parcialidad o falta de solidez en varias de ellas, una tendencia a cuidar los intereses del régimen y a extender un ‘‘manto protector’’ hacia algunos partidos políticos, lo mismo que tibieza con las televisoras y un afán de legislar.

Aunque advierten avances en los temas ‘‘taquilleros’’ relacionados con la equidad de género, candidaturas independientes y derechos políticos de los indígenas, también encuentran aspectos débiles o bandazos cuando los seis magistrados de la sala superior abordaron dichos expedientes.

En la recta final de su encargo, el magistrado Manuel González Oropeza asegura que fueron imparciales y si bien respeta las críticas las califica de ‘‘generales. No atienden la especificidad de los casos. No ven la complejidad de ellos’’.

Agrega: ‘‘Tengo la fortuna de ser profesor universitario con cerca de 30 años y en mis clases han transitado alumnos distinguidos, desde ministros de la Corte hasta candidatos a gubernaturas. Hay algunos que han contendido por un puesto de gobernador y yo he votado en contra por las circunstancias. Y algunos otros que sí he votado a favor, no porque hayan sido mis alumnos, sino porque sencillamente la razón les da’’.

La mirada desde la academia es distinta. Hugo Concha Cantú, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas (de la Universidad Nacional Autónoma de México) y coordinador del libro La (in)justicia electoral a examen –que analiza algunas sentencias relevantes del tribunal electoral–, plantea que en los años recientes ‘‘los magistrados comenzaron a jugar sus cartas de tipo personal. Sus sentencias dejan mucho que desear y vemos a un órgano simulando utilizar el derecho, aplicando la norma electoral de manera imparcial, cuando en realidad un estudio a muchas de las resoluciones muestra que los argumentos jurídicos se utilizan como sea para llegar a decisiones predeterminadas y de tipo político’’.

Entre los aspectos que más ensombrecen su gestión de una década, coinciden los investigadores entrevistados, se encuentra su actuación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A éste el tribunal le perdonó en 2009 una multa de 194 millones de pesos, y si bien lo sancionó en repetidas ocasiones en 2015-2016, después le aplicó rebajas y se negó a retirarle el registro dejando una lección: ‘‘La trampa no pesa’’, según Concha, quien añade que un criterio similar se siguió con Televisa y Televisión Azteca.

Otro aspecto que genera consenso en la crítica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es que se asumiera como superior jerárquico del Instituto Nacional Electoral (INE), de los tribunales locales o de las salas regionales, provocando un activismo judicial del que los mismos magistrados se quejan, pero que ellos habrían propiciado con sus afanes de enmendar la plana a los otros órganos.

Los magistrados mostraron además un creciente apetito por legislar que incomoda hasta a los partidos políticos que hacen un balance elogioso. ‘‘En términos generales hay buen desempeño. Hay sentencias memorables por su imparcialidad y equilibrio, pero hay otras donde francamente nos dejaron el sentimiento de que ya no se trataba de interpretar la ley, sino de hacer la ley’’, refiere el representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Arturo Espinosa, experto en las sentencias del tribunal, pone de ejemplo el caso de David Monreal, quien mantuvo el registro como candidato a gobernador en Zacatecas, aun cuando tuvo omisiones en la entrega de sus informes de gastos de campaña, traduciéndose en un golpe al sistema de fiscalización.

Además, modificaron criterios y disposiciones legales para que el Partido del Trabajo (PT) mantuviese el registro, ‘‘manipulando la ley como si fuese de plástico’’, resume Concha.

Tampoco han tenido criterios uniformes para declarar la nulidad de algunas elecciones, como las de Colima y del distrito uno de Aguascalientes, mientras en otras, como la de presidente municipal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hubo un sinnúmero de irregularidades graves sin que pasara nada, añade Espinosa.

Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, consideró que hubo ‘‘bandazos en establecer cómo se conformará la secuencia de las listas de representación proporcional para respetar la paridad de género en el reparto de candidaturas’’. Si bien buscó ser un tribunal garantista con los independientes, consideró que haber concedido registro a varios aspirantes a la Asamblea Constituyente ‘‘nos puede gustar políticamente, pero la sentencia es defectuosa.

‘‘Sigue siendo un tribunal que gasta mucho dinero y en una lógica suntuaria. Tampoco veo avances en sus resoluciones, porque no mantuvieron criterios claros. Diría que fue un tribunal gris con tendencias de los magistrados a beneficiar con su voto a los partidos que los propusieron.’’