El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) rechazó la posibilidad de acceder a las versiones públicas que han recibido los juzgados federales para las intervenciones telefónicas, acceso a los datos considerados en las mismas y los que han sido solicitados a proveedores de servicio de telecomunicaciones, debido a que su difusión puede interferir en las funciones de investigación de presuntos delitos cometidos.

Aunque originalmente el proyecto del comisionado Joel Salas planteaba que en la solicitud de información que un particular presentó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre el número de solicitudes recibidas y autorizadas entre 2013 y 2015, así como las versiones públicas y las resoluciones de la intervención telefónica, la mayoría de cuatro comisionados rechazó esta posibilidad.

En respuesta a la petición del solicitante, el CJF solamente reportó datos estadísticos: en 2013 se recibieron 10 solicitudes de intervenciones telefónicas, mismas que fueron rechazadas; en 2014 las peticiones fueron 15 y se autorizaron sólo tres, y en 2015 hubo 32 solicitudes y fueron autorizadas 25.

En cuanto a las solicitudes de acceso a los datos conservados, el CJF reportó que en 2013 hubo nueve peticiones y todas fueron denegadas; en 2014 se recibieron 12 y fueron autorizadas tres, y en 2015 se presentaron 15 y se autorizaron 11.

Al argumentar contra la propuesta de abrir las versiones públicas, la comisionada Patricia Kurczyn aseveró que dicha información se encuentra relacionada con la actividad persecutora de los delitos al ser información que se vincula con peticiones realizadas por el Ministerio Público (MP) y/o la Policía Federal (PF) para aportar elementos para el ejercicio de la acción penal.

Kurczyn aseveró que la entrega de las solicitudes y la resolución materia de la petición propiciaría el entorpecimiento en la facultad investigadora y de prevención y persecución de los delitos llevada a cabo por el Ministerio Público Federal y la Policía Federal.

En tanto, la comisionada Areli Cano sostuvo que en su respuesta el Consejo de la Judicatura no ofrece las razones y fundamentos por lo que es de mayor interés público reservar la información que hacerla pública. Es importante que ahora los sujetos obligados nos digan concretamente por qué se vulnera la conducción de un procedimiento o, en su caso, el curso de una averiguación previa y la afectación.

Con los votos de Kurczyn, Francisco Javier Acuña, Rosendo Monterrey y la presidenta del Inai, Ximena Puente, se canceló la oportunidad de conocer esta información.