José Manuel Mireles Valverde, ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, fue trasladado ayer del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en Hermosillo, Sonora, al número 4, en Nayarit, como parte de los acuerdos alcanzados entre sus defensores y la Secretaría de Gobernación.

Mireles Valverde arribó a la primera caseta de control y vigilancia del Cefereso número 4, ubicado en el poblado de El Rincón, ayer a las 12:38 horas, en un operativo discreto, compuesto por seis vehículos blancos, entre ellos una Suburban en la que viajaba el doctor.

El abogado Ignacio Mendoza informó a La Jornada que en los próximos días Mireles Valverde será trasladado al penal de Mil Cumbres, en Michoacán, a donde se ha exigido su traslado desde hace más de dos años.

El convoy que custodiaba la salida de Mireles en Hermosillo se preparó desde las 10 horas para trasladar al líder al aeropuerto internacional Ignacio L. Pesqueira, en un vuelo a cargo de la Policía Federal Ministerial.

El Centro Federal de Readaptación Social número, 11 ubicado a 13 kilómetros de Hermosillo, estuvo resguardado por elementos de la Policía Federal, que acordonaron la zona.

A las 11:30 horas arribó al aeropuerto Amado Nervo, en el municipio de Xalisco, Nayarit, una avioneta blanca con franja dorada, sin rotular, matrícula XA-IBC, procedente de Hermosillo. Posteriormente, custodiado por tres vehículos al frente y dos atrás, el convoy salió del aeropuerto y tomó la carretera Pantanal-Tepic, para dirigirse hacia el Cefereso.

José Manuel Mireles fue detenido desde junio de 2014, con un grupo de 80 autodefensas –que también están presos, pero a los que ya se les concedió la libertad bajo fianza– en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército, aunque éstas se las había dado el gobierno federal cuando enfrentaban a los integrantes del cártel de Los caballeros templarios.

La aprehensión ocurrió porque supuestamente los integrantes de los grupos de autodefensa que no habían aceptado formar parte de las fuerzas rurales, y ya no podían portar armas, por tanto incurrían en un delito.

Inicialmente fue acusado por la Procuraduría General de la República de cometer de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud, pero luego el Ministerio Público Federal se desistió de esta última acusación.