n las democracias representativas no son las elecciones, como tales, las que dan legitimidad al gobernante. Ha habido dictadores que se organizaban elecciones periódicas para obtener dicha legitimidad, pero seguían siendo dictadores. En otros términos, los sufragios por sí mismos no dan legitimidad, lo que importa es que sean emitidos democráticamente en un ambiente de libertades, transparencia y limpieza en el que existan varios partidos en competencia y, si son de oposición, libres de ataduras al gobierno en turno.
En los países donde votar es una obligación (con sanción efectiva correspondiente), la participación suele ser alta. Cuando se elimina la obligatoriedad del sufragio éste puede descender considerablemente. Nótese por ejemplo el caso de Chile: cuando era obligatorio, la participación electoral superaba 80 por ciento, cuando para 2013 se volvió voluntario bajó a poco más de 40 por ciento. En ninguno de los dos momentos la democracia dejó de existir en ese país, una vez que la dictadura pinochetista dio lugar a los comicios. En México el voto es un derecho y una obligación, pero al no haber sanción para quien no vota, se pierde la obligatoriedad. Aun así, cuando vivíamos en un monopartidismo de facto la votación solía ser muy alta, y eso no quería decir que los gobiernos priístas fueran realmente legítimos. Tal vez un auténtico sistema pluripartidista produzca mayor democracia, y en ésta mayor legitimidad de quien gobierne. Pero no es necesariamente un problema cuantitativo.
No hay, contra la opinión de algunos, ninguna medida de legitimidad de un gobierno en función del número de votos que recibe. En los sistemas a dos vueltas se ha buscado que si un partido/candidato no obtiene más de 50 por ciento de los sufragios, los que obtengan más votos vayan a una segunda vuelta, en la que ganará el que logre mayoría simple. Los serbios buscaron en 2002 que la participación legitimadora de los votos para el presidente superara 50 por ciento del total de electores, incluso en la segunda vuelta. Tuvieron que cambiar la ley, pues en ninguna de las dos elecciones del año señalado se alcanzó ese porcentaje. De ahí que para los comicios de 2003 quedó establecido que ese 50 por ciento debía ser el mínimo en la primera vuelta, pero no si tenía que haber una segunda. Esta medida destrabó las elecciones en ese país balcánico y, en general, es el uso en casi todas las naciones donde existen elecciones a dos vueltas (en la mayoría de las de Europa y América Latina, pero no en México).
En nuestro país hay juristas muy importantes que se oponen al sistema de dos vueltas; uno de ellos es mi amigo Diego Valadés. En su libro El gobierno de gabinete (2003), muy anterior a las recientes propuestas de Manlio Fabio Beltrones, Valadés propuso un sistema presidencial más democrático que el actual. Después de haberse pronunciado contra el sistema electoral a dos vueltas, porque exacerba la propensión autoritaria de los sistemas presidenciales en tanto que hace creer a los presidentes que disponen de una mayoría real
, sugirió en su libro un gobierno de gabinete, es decir, un Poder Ejecutivo no sólo con contrapesos del Congreso (que pueden paralizar al gobierno), sino con un gabinete plural, de preferencia sancionado por diputados y senadores de diversos partidos, y un jefe de gabinete ratificado preferentemente por los senadores (en su propuesta), con lo que se garantizaría mejor interlocución entre el gobierno y el Poder Legislativo, además de cooperación política y mejor entendimiento. ¿El jefe de gabinete, propuesto por el presidente y ratificado por el Senado, sería equivalente a un jefe de gobierno y el presidente equivalente a un jefe de Estado, como en los regímenes parlamentarios, monárquicos o no? Estaría por estudiarse, pero de haberlo, como propone Valadés, tendríamos un gobierno con menores posibilidades de ser autoritario y sin grandes riesgos de ser obstaculizado por el Congreso de la Unión, siempre y cuando éste sea conformado por diputados y senadores de diversos partidos y no hegemonizado por el partido gobernante.
La cuestión es que no basta la democracia para elegir representantes, sino que éstos sean democráticos en el ejercicio de sus funciones. La legitimidad tiene relación con estas condiciones, tanto para ser gobernante como para ejercer el poder. ¿Le dará mayor legitimidad a un presidente la conformación de un gabinete plural, propuesto o aprobado por el Congreso, donde se tomen las decisiones de manera colectiva y consensuada? Puede ser, pero de aquí no se desprende que la legitimidad tenga relación causal con el porcentaje de votos que obtenga el gobernante. Más bien parece que depende de los pesos y contrapesos que tienen el poder y la honestidad con que éste se ejerza. Si hay corrupción y si ésta no sólo se tolera, sino que se auspicia con impunidad entre la gente con poder, los votos importan muy poco (incluso se pueden comprar, como bien sabemos en México). ¿Cómo evitar la corrupción en el ámbito del poder? No lo sé.
